Rechazan Ley de Extinción de Dominio
CANCÚN
Por Blanca Silva > Quequi
El sector empresarial local rechazó la Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada por la Cámara de Diputados, por violentar la presunción de inocencia y poner en riesgo uno de los derechos fundamentales de todo individuo, que es el respeto a la propiedad privada, por lo cual se suma a la solicitud de Veto Presidencial que impulsa la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), Miriam Cortés Franco, señaló que la Ley viola la garantía de audiencia sin criterios definidos, lo cual se enfrentaría con el patrimonio empresarial, dejando de lado que el 95.2% del sector son pequeñas empresas que producen el 80% de los empleos, para las cuales el “usted disculpe” será tarde.
Por su parte, el presidente del Centro Empresarial de Quintana Roo (Coparmex Cancún), Adrián López Sánchez, indicó que el enfrentar a la delincuencia y el combate a la corrupción no deben soportarse en leyes que impliquen un riesgo latente en contra de los derechos humanos, al ignorar la presunción de inocencia y dejar vulnerable la propiedad privada.
Agregó que al establecerse en la Ley Nacional de Extinción de Dominio la desposesión e incluso la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, se genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso.
Recordó que en la normatividad vigente, la extinción de dominio se limita exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, a diferencia de la nueva legislación aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores, en la que el número de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría de cinco a 245.
De esta manera, dijo, se crea el riesgo de situaciones donde el gobierno pueda quitarle la propiedad a ciudadanos de buena fe, en casos tan simples como una falta administrativa relacionada con la violación o remoción de sellos de clausura en establecimientos mercantiles, que podrían ser tipificados y aplicables a esta figura, aun cuando la falta haya sido cometida por terceros y no por el dueño del bien inmueble objeto del proceso penal.
Tras señalar que la extinción de dominio fue diseñada para combatir el poderío económico de la delincuencia organizada, no para crear incertidumbre a los ciudadanos expuestos a una conducta errónea, excesiva o represiva del Estado, consideró excesivo que se faculte al gobierno a expoliar bienes sin que medie la sentencia de un juez que determine la realización de conductas que puedan ameritar una acción de esa envergadura jurídica.
Ante este panorama, puntualizó que la Coparmex hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que realice las observaciones pertinentes a esta Ley y ejerza su derecho de veto, acotando los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico, previa sentencia condenatoria dictada por un juez antes de proceder a la extinción de dominio, lo cual devolvería la iniciativa a las comisiones dictaminadoras para su ajuste y l adotaría de los candados necesarios para su correcta implementación.
