Quieren enjuiciar al ombudsman
Organismo acusa a Harley Sosa de solapar abusos policiacos.
Por presuntamente encubrir detenciones arbitrarias, averiguaciones previas falsas y la obtención de confesiones basadas en la tortura, organizaciones interpusieron una denuncia formal de juicio político en contra de Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), pues se tienen documentados 24 casos de abusos, principalmente cometidos por policías municipales y judiciales de Benito Juárez, que el ombudsman no ha tramitado o perseguido.
La denuncia también está dirigida contra el actual fiscal general, Carlos Arturo Álvarez Escalera, señalado como cómplice de múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, cometidos en los últimos dos años de la pasada administración estatal, considerados como “negativos en la historia moderna de Quintana Roo”, de acuerdo a la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos, promotora de esta iniciativa.
Sobre la vulnerabilidad en la que los ciudadanos quintanarroenses se encuentran desde hace un par de años, Eduardo Rafael Meneses Cohuó, coordinador de asuntos especiales sobre abuso de autoridad; Raúl Fernández León, delegado estatal; y Eduardo Zamora, secretario general del mencionado organismo, refirieron que con base en sus investigaciones e informes recabados, son los policías municipales preventivos y de Tránsito, así como los judiciales, agentes del Ministerio Público, custodios y directores de los Centros de Reinserción Social y los jueces el Poder Judicial del Estado, quienes profieren la mayor parte de los actos violatorios a los derechos humanos que se cometen en la entidad.
Un muestreo realizado en julio pasado, en el marco del Día Mundial contra la Tortura, detectó que 15 de cada 20 personas detenidas por la Policía Municipal de Benito Juárez, entre motopatrulleros, elementos de Reacción Inmediata y agentes de Tránsito, son privados de su libertad sin fundamentos, motivación u orden escrita, además de sufrir actos de tortura, física y sicológica, amenazas golpes, azotes, sustracción de sus bienes personales principalmente carteras, dinero y teléfonos móviles.
Todos estos elementos gozan de impunidad, debido a que su dirección de Asuntos Internos no ha abierto investigaciones, pese a la existencia de elementos probatorios, acusaron.
Además, gran parte de los elementos de esta corporación, así como de la Policía Judicial, no cuentan con estudios de nivel superior, conocimiento en materia de Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional, así como del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que deriva en su deficiente labor.
Al haber sido el pasado 7 de octubre cuando de manera formal solicitaron dicho juicio político, hoy acudirán a ratificar su solicitud, la cual se sustenta además con 44 videos probatorios y un legajo de 52 hojas que demuestran las negligencias denunciadas durante el pasado periodo gubernamental, cuyas autoridades solaparon y encubrieron los reprobables actos entre los que se incluye la fabricación de culpables, basadas en torturas, en casos como la serie de asesinatos de mujeres ocurridos entre 2015 y mediados de 2016.
Asimismo, denunciaron dilación en procesos de investigación, documentación carente de imparcialidad en diversas investigaciones, dando preferencia total a los informes que brindan las autoridades, por lo que en Quintana Roo no existe un órgano que se dedique total y debidamente a la defensa de la dignidad humana.
Por Raimon Rosado > Quequi
