Proponen leyes para poner un freno a todos los abusos
Se busca proteger los ecosistemas y zonas urbanas.
Cancún
Por Blanca Silva
Representantes de asociaciones civiles en pro del medio ambiente en Quintana Roo presentaron ante el Congreso del Estado cuatro iniciativas ciudadanas denominadas “Once x Cuatro”, las cuales buscan mejorar la calidad de vida de la población y proteger cenotes, humedales, manglares y arrecifes del Caribe Mexicano, además de frenar desarrollos irregulares.
La representante de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez Cavedón, detalló que las propuestas legislativas son la “Ley Tajamar”, “Ley Pok Ta Pok”, “Ley de Movilidad Sustentable” y “Ley Solimán”. Estas fueron publicadas en la plataforma change.org como parte de una campaña ciudadana para impulsar su aprobación.
Las 23 asociaciones civiles que respaldan la iniciativa pidieron que las leyes sean turnadas de inmediato a comisiones para su análisis y aprobación durante el primer periodo del segundo año de la XVII Legislatura, en septiembre próximo. También hicieron un llamado a realizar un parlamento abierto con todos los sectores interesados o posibles afectados.
La “Ley Tajamar” propone que la información sobre manglares, cenotes, humedales y ríos subterráneos esté disponible en los atlas de riesgos municipales para que se utilice en la planeación urbana. Aunque algunas leyes generales ya lo contemplan, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo aún no lo establece.
Por su parte, la “Ley Pok Ta Pok” plantea estudiar la capacidad de carga ambiental de las zonas donde se asignen usos de suelo, con el objetivo de evitar impactos negativos en los ecosistemas. La propuesta busca impedir que se aprueben instrumentos de planeación urbana o cambios de uso de suelo sin estudios técnicos previos.
La “Ley de Movilidad Sustentable” establece que toda planeación urbana debe incluir un plan de movilidad que priorice el transporte público, la seguridad y los desplazamientos peatonales.
Finalmente, la “Ley Solimán” denuncia que la sobredensificación sin permisos ni consideraciones ambientales daña tanto a los ecosistemas como a las inversiones que sí cumplen con la ley. Esta iniciativa busca reformar el Código Penal para tipificar como delito la falta de vigilancia de obras ilegales, la venta de construcciones sin permisos y la omisión en ejecutar fianzas cuando una obra queda inconclusa.
