Proponen legisladores reforma para que “quien contamine, pague”

Con el objetivo de homologar el sistema de justicia ambiental y cumplir con la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo turnó a comisiones para su análisis, una iniciativa para incluir el régimen de responsabilidad ambiental bajo el principio de que “quien contamine, paga”.

Se trata de una iniciativa promovida por las diputadas Judith Rodríguez Villanueva y Tyara Schleske de Ariño, así como los diputados Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruiz de Chávez, todos integrantes del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México.

En la exposición de motivos, los legisladores señalan que la Constitución local en su artículo 31, garantiza el derecho de las personas a gozar individual y colectivamente de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, como toda norma jurídica, no sólo se debe otorgar derechos en favor de los gobernados, sino también obligaciones, en este caso responsabilidades y sanciones para quien provoque el daño ambiental y así fortalecer la labor del Estado.

En la sesión ordinaria número 25, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, también se dio lectura a una iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 82 y se adicionan los artículos 82 bis y 82 ter de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

La iniciativa, presentada por el diputado Alberto Batún Chulim, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales e integrante del grupo legislativo de MORENA, tiene como objetivo implementar en la normatividad en cuestión los principios, facultades y obligaciones en materia de gobierno abierto que tendrán las autoridades de la entidad.

En el documento se plantea establecer nuevas obligaciones para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado (IDAIP), para que no solo sea coadyuvante con los sujetos obligados en materia de gobierno abierto, sino que, además, este órgano constitucionalmente autónomo pueda promover también las políticas públicas necesarias para garantizar la implementación de los mecanismos de gobierno abierto y apertura gubernamental.

Las iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas correspondientes para su estudio, análisis y posterior dictamen.