Presentarán reforma ante el Congreso

Por Soraya Huitrón

Debido a que en la actualidad todavía prevalece la terapia de conversión en el estado, la Asociación Civil “Círculo Social Igualitario” presentará ante los legisladores del Congreso del Estado una reforma al Código Penal, para castigar con hasta tres años de cárcel a quienes promuevan y practiquen este tipo de corrección.

Lo anterior lo informó Édgar Mora Ucán, presidente de dicha asociación, quien además aseguró que este tipo de “terapias” abusan física y psicológicamente de jóvenes en situación vulnerable, debido a prejuicios religiosos. Esto que ya fue expuesto a nivel federal, al avalar el Senado la prohibición de estas prácticas.

El activista señaló que la “corrección” de la orientación sexual a través de las llamadas “terapias de conversión”, actualmente siguen practicando en el estado, aunque no es algo que se sepa a voces, estos lugares se promueven de boca en boca y siguen afectando a cientos de jóvenes que son torturados física y psicológicamente.

Agregó que debido a que esta es una legislatura corta, (de solo dos años), le están dando prioridad solo a ciertos temas específicos en favor de la comunidad LGBT. Uno de ellos es la sanción a quienes efectúen o financien estas “terapias de conversión”, crueles y dañinas, a menudo administradas contra la voluntad de jóvenes.

Las terapias de conversión, también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) son estrategias que tienen como único objetivo el de convertir a una persona a determinada orientación sexual mediante el uso de métodos de violencia física, psicológica o sexual.

Este dictamen hace una definición de las terapias de conversión como “aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto: modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona”.

La Reforma Federal, que todavía debe ser avalada por la Cámara de Diputados, establece castigos de dos a cinco años de prisión, perseguible por querella. Mientras que la propuesta estatal es más ambiciosa, porque incluye una penalización a quienes las financian, pues muchas son realizadas de forma gratuita por asociaciones religiosas.

En tanto, los padres que lleven a sus hijos a estas “terapias” también serán sancionados con servicio comunitario.