Pierde Calica apelación para que se le permita usar explosivos en Punta Venado

Playa del Carmen, 21 de junio.- A meses de que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) promovió una apelación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mediante la cual buscaba que la dejaran utilizar nuevamente explosivos para la extracción de piedra caliza en las minas de Punta Venado, su petición fue desechada.


Calica demandó a la Secretaría de la Defensa Nacional, que le negó la posibilidad de usar explosivos. Según el expediente 965/22-20-01-2, la empresa tramitó un juicio de nulidad contra esa decisión ante la Sala Caribe y Auxiliar del TFJA, con sede en Cancún, específicamente contra la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena.


Luego de que en agosto de 2023 se determinó no otorgar la medida cautelar en tanto se resolvía el juicio, Calica apeló nuevamente mediante un recurso de reclamación, pero el pasado 17 de junio la Sala Caribe determinó negarle la razón. De esta manera, Calica se quedó sin la posibilidad de volver a usar explosivos en Punta Venado, al menos mientras se resuelve su juicio en la Sala Superior del TFJA.


La apelación no fue declarada fundada para que, en tanto se resuelve el juicio, la Sedena le regresara el control de los explosivos, los cuales, según señalamientos de ambientalistas, fueron utilizados por varios años para volar la cantera y extraer material pétreo que era enviado en buques a los Estados Unidos.


Sin embargo, en el resolutivo emitido el pasado lunes se señala que “el recurso de reclamación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de 17 de agosto de dos mil veintitrés, por los motivos y fundamentos plasmados en esa sentencia”, es improcedente, razón por la que se confirma la sentencia interlocutoria del 17 de agosto de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado Instructor”.


Actualmente, México y Estados Unidos mantienen un enfrentamiento por las minas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende declararlo como área natural protegida, mientras que el gobierno estadounidense ha advertido un impacto en la certidumbre en las inversiones en México.

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