Piden en Bacalar frenar obra militar
Por Jared García
Chetumal
Habitantes de Bacalar solicitan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra; y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, que detengan la obra que la Defensa está realizando a orillas de la laguna de los Siete Colores, cerca del Fuerte de San Felipe, por su impacto negativo en el entorno natural.
Un grupo de habitantes ha iniciado una recolección de firmas para solicitar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la suspensión inmediata de una construcción que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) está llevando a cabo a orillas de la Laguna de los Siete Colores, adyacente al histórico Fuerte de Bacalar. Los denunciantes aseguran que la obra no ha sido consultada con la ciudadanía y amenaza tanto el ecosistema frágil de la zona como el patrimonio visual de este Pueblo Mágico.
Desde hace dos semanas, maquinaria pesada y grandes estructuras de madera han estado ocultando los trabajos de relleno en un terreno de más de 200 metros lineales junto a la laguna.
El sitio, conocido coloquialmente como «la base de los marinos», funciona en realidad como una zona privada de descanso para altos mandos militares, que incluye palapas y un yate de lujo anclado en su muelle, según testimonios de residentes locales.
Los pobladores aseguran que, en lugar de devolver el espacio al pueblo, tal como recomendaría el decreto anticorrupción en playas de 2020 firmado por Andrés Manuel López Obrador, se está construyendo un «enclave exclusivo» para uso de las fuerzas castrenses.
La movilización ciudadana advierte sobre los daños irreversibles al ecosistema de la laguna, reconocidos por sus aguas cristalinas y su delicado equilibrio ecológico. Los rellenos y movimientos de tierra, alertan, podrían alterar los flujos hídricos y la biodiversidad del área.
Además, el documento presentado a las autoridades resalta que la obra afectaría la conexión visual entre la laguna y el Fuerte de Bacalar, ambos iconos turísticos.
Los ciudadanos exigen que se verifique si el proyecto cuenta con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los permisos de conservación histórica exigidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
“Dudamos que, por su magnitud, esta obra cumple con los protocolos. ¿Por qué no hay transparencia?”, cuestiona un residente. La petición insta a las autoridades a paralizar los trabajos hasta verificar los documentos y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar sanciones conforme a la ley.
Prestadores de servicios turísticos y vecinos han criticado la inacción de grupos ecologistas y funcionarios. “Mientras algunos solo usan la causa para fotos o eventos políticos, aquí se está destruyendo nuestro patrimonio”, denunció un empresario local.
Otro habitante se lamentó: “En otras regiones, esto ya habría generado protestas masivas. Aquí, los supuestos defensores del ambiente son de papel”.
Este caso revive el debate sobre la apropiación de espacios públicos. En 2020, el decreto presidencial contra la privatización de playas generó grandes expectativas, que según los demandantes no se han cumplido.
“Prometieron devolver estos lugares al pueblo, pero hoy vemos lo contrario: se está construyendo un enclave militar privilegiado”, acusó un activista entrevistado.
Hasta el momento, ni la Defensa, SEMARNAT ni el INAH han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Los ciudadanos mantienen la presión, argumentando que el silencio institucional solo agrava la desconfianza y el riesgo de un daño irreversible.
