Pegan revés a SEIDO
Por Héctor Bello Guadarrama
El juez del séptimo Distrito, advirtió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) obtuvo una orden de cateo para el inmueble del First National Security sin haber informado que se trataba de un comercio dedicado a la renta de cajas de seguridad. Esto fue dado a conocer por los mismos afectados a través de las redes sociales.
Aun cuando el dictamen del juez séptimo de Distrito da oxígeno a las esperanzas y renace la credibilidad en las autoridades del Poder Judicial, los afectados continúan quejándose de la lentitud, pues de un total de 842 arrendatarios registrados en el campamento de protesta en contra de las investigaciones ilegales que realiza la SEIDO, apenas han entrevistado a 143.
Pero aun cuando hay quienes consideraron una bocanada de aire fresco el dictamen, otros al ver la falta de resultados en la devolución de pertenencias optan por deprimirse, sobre todo porque intuyen que este año ninguno de ellos gozará de una navidad tranquila y feliz.
Un juez Federal le exigió a la SEIDO que justifique jurídicamente la apertura de mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS), al determinar que la orden de cateo utilizada por la autoridad aplicaba solamente para el inmueble, según se desprende del fallo de un amparo indirecto interpuestos por los afectado, según documento con el número 1792/2017.
Compartido a través de las redes sociales por los mismos usuarios afectados por las ilegales investigaciones que realiza la SEIDO, el documento expone que el juez séptimo de Distrito advirtió que la dependencia federal obtuvo una orden de cateo para el inmueble del FNS sin haber informado que se trataba de un comercio dedicado a la renta de cajas de seguridad.
El magistrado, por tanto, no pudo autorizar cateo de unas cajas cuya existencia ignoraba. Además que se incumplió el plazo de 48 horas impuesto por el juez para ser informado de esta diligencia, pues el ministerio público federal lo hizo una semana después.
David Uribe Gosselin, vocero de los usuarios afectados por las investigaciones irregulares que realizan los agentes de la SEIDO, insistió en que al momento estos no habrían cumplido los acuerdos hechos con la intervención de los diputados federales, por lo que los señalamientos del juez Darío Alejandro Villa Arnaiz, vienen a ser la gota que derrama el vaso, pues se reconocen como ilegal las acciones realizadas en contra de usuarios de mil 500 cajas de seguridad que arrendaban a la empresa FNS.
