Obtiene FGE sentencia condenatoria de 60 años por el delito de secuestro agravado
- Los datos presentados por los fiscales de Ministerio Público Especializado demostraron la participación de Luis “M” en los hechos ocurridos en noviembre de 2019.
Felipe Carrillo Puerto.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, en audiencia de juicio oral, un juez decretó fallo condenatorio en contra de Luis “M”, por el delito de secuestro en agravio de dos personas de identidad reservada.
Luis “M” había sido detenido en el 2009 por las autoridades federales en compañía del entonces líder de la organización criminal conocida como los Zetas, Juan “J” alias “El Puma” así como otros integrantes. También es importante destacar que investigaciones efectuadas por la Policía de Investigación y la unidad de Inteligencia, ubican al sentenciado como uno de los principales generadores de violencia en el Estado.
Los datos de prueba presentados ante la autoridad jurisdiccional por Fiscales de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros, permitieron demostrar la participación del imputado en el hecho ocurrido en noviembre de 2019, cuando una mujer y su hija menor fueron privadas de la libertad cuando salían de su domicilio por un grupo de personas, y posteriormente vía telefónica le exigieron a una persona familiar de las víctimas, una fuerte cantidad de dinero para liberarlas.
La víctima acordó la entrega de dinero y un vehículo, los cuales fueron entregados en la ciudad de Cancún, en donde el ahora sentenciado -en compañía de otra persona- participó directamente. Posteriormente las víctimas fueron liberadas en un camino cercano a la localidad de Felipe Carrillo Puerto.
La detención de Luis “M” ocurrió en la Avenida Talleres, durante un operativo implementado por Policías de Investigación en las inmediaciones de la región 200 del municipio de Benito Juárez.
Tras el fallo condenatorio, el juez fijó como pena al sentenciado la prisión por un período de 60 años.
La Fiscalía General del Estado cumple con su encomienda constitucional de llevar ante la autoridad judicial a los probables participantes en hechos delictivos que atentan contra la paz social e integridad física de quienes habitan y visitan la entidad.
