No hay justicia para trabajadores
Debido a las graves omisiones cometidas por instancias del Ministerio Público de la zona continental de la isla, el representante sindical de los trabajadores del hotel Villas del Palmar, perteneciente al sindicato de la Confederación de Trabajadores de la Construcción (CTC), Anselmo Luciano y los cinco golpeadores enviados por esta central obrera, quienes lesionaron a una decena de empleados que se manifestaban pacíficamente, para exigir transparencia en el pago de sus propinas, fueron dejados en libertad la noche de ayer, al ser únicamente arrestados por 36 horas, al no haberse podido comprobar la flagrancia del delito, señaló el asesor jurídico de los agraviados, quien indicó que los 30 inconformes, fueron obligados a retornar a sus labores, bajo amenaza de despido por abandono de trabajo.
Tras los hechos ocurridos la mañana del pasado martes 31 de mayo, a las afueras del mencionado centro de hospedaje localizado en la zona de Punta Sam, los lesionados acudieron a la agencia del Ministerio Público de Rancho Viejo, perteneciente a la parte continental de Isla Mujeres, donde el agente responsable, quien sólo se identificó como el licenciado Ismael, se negó a recibir la denuncia de los lesionados, bajo el argumento de que tales hechos, ocurrieron en territorio del municipio de Benito Juárez.
Fue hasta hora y media después, cuando reconoció su error de ubicación geográfica, que el agente ministerial, aceptó que el trabajador con lesiones visibles más graves, Benito Arjona Balderas, presentara su denuncia, ante lo que la mayor parte de los agraviados, debieron trasladarse a la agencia central de la Subprocuraduría der Justicia, en Cancún, donde el director de Averiguaciones Previas, Armando Lugo, los apoyó para interponer sus correspondientes denuncias, lo que implicó que transcurrieran alrededor de 5 horas posteriores a los hechos.
El representante legal de los empleados agraviados, Leonel Guarneros, señaló que con en base a los lineamientos del nuevo Sistema de Justicia Penal, se estima un máximo de dos horas para poner a disposición de la autoridad ministerial, a todo aquel detenido, ya sea por la Policías Estatales o Municipales e iniciar el proceso ministerial en su contra, lo que en este caso no ocurrió, por lo que se descarta la comprobación de la flagrancia.
Los agresores sólo cumplieron 36 horas de arresto, por alteración al orden público, las cuales se cumplieron a las 8 de la noche de ayer miércoles, por lo que fueron dejados en libertad, sin poder ejercer justicia en su contra. Por Raimon Rosado
