Negocio redondo en el Congreso

CHETUMAL

Por Mayra Cervera>Quequi

 

La ejecución de un embar­go legal en contra de Luis Villaseñor Madrigal, dejó al descubierto el tráfico de influencias que existe al interior del Congreso del estado y sus nuevas autoridades.

Luis Villaseñor es actualmente subdirector de Recursos Materia­les del Congreso del Estado, y hace apenas algunos meses fue bene­ficiado con un contrato de arren­damiento de más de 50 mil pesos mensuales, por el oficial mayor del Congreso, Gustavo García Utrera, con quien se le vincula estrecha­mente en sus actividades políticas dentro del Partido Acción Nacional (PAN) donde militan.

Gustavo García Utrera, previo a su llegada al Congreso, ha sido de­legado panista en Solidaridad y te­sorero en Othón P. Blanco. Tanto él como Luis Villaseñor son integran­tes del círculo cercano de Eduardo Martínez Arcila, cuando éste fuera dirigente estatal del PAN. Ahora como presidente de la Gran Comi­sión, se los trajo al Congreso, donde ya se ha evidenciado que se benefi­cian con contratos particulares.

Al ser Luis Villaseñor subdi­rector de recursos materiales, la “autoasignación” del contrato de arrendamiento de una bodega de su propiedad es un hecho altamen­te irregular que pudiera ser penado por la ley.

Actuarios del Poder Judicial eje­cutaron la acción de embargo ayer en este inmueble, ubicado sobre la avenida Centenario y la calle Pucté, entre Chetumal y la comunidad de Calderitas.

El lugar era utilizado para al­macenar archivo muerto y algunos muebles de oficina, así como ador­nos que se utilizan en fechas con­memorativas y ya en desuso, las cuales fueron trasladados en varios vehículos, hasta otras instalaciones en posesión del Poder Legislativo.

Luis Villaseñor Madrigal, alias “El Zurdo” es un concesionario de “combis”, exsecretario de Actas del Sindicato Único de Choferes de Au­tomóviles de Alquiler (Suchaa). Su esposa es Yolanda Méndez Aguilar, quien se registró como candidata independiente a diputada, en 2013, pese a militar en Acción Nacional.

Trascendió que el embargo se orde­nó por un antiguo juicio promovido por el también panista Mario Rive­ro Leal, con quien Luis Villaseñor y Yolanda Méndez mantienen varios pleitos legales.

Rivero Leal al parecer exige ser indemnizado por los daños que se ocasionaron al ser denunciado falsamente por esta pareja, lo que derivó en su encarcelamiento en un penitenciario federal de Chiapas, en abril de 2010. Hasta la fecha no ha recibido la reparación del daño.

Mario Rivero también denunció a esta pareja, además del hoy ofi­cial mayor, Gustavo García Utrera, por quemarle una palapa valorada en 650 mil pesos en Xul-Ha, ac­ción que terminó con una orden de aprehensión girada en contra de estos tres panistas.

Sin embargo, otras versiones seña­lan que el inmueble fue embargado por disposición de un juez, ante la negativa de Luis Villaseñor en el pago de una deuda millonaria ad­quirida con un particular, que re­clamó desde hace más de dos años el pago correspondiente.

En el lugar se encuentran ele­mentos de la Policía Estatal Pre­ventiva, quienes a petición de juez, custodian el inmueble para permi­tir que el Poder Legislativo retire sus muebles del edificio, que fue presuntamente rentado de manera fraudulenta.

 

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