Mima Arcila a Borge y a Félix
CANCÚN
Por Mario Morales Cruces > Quequi
Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, “premió” a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo al ingresar y hacer aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Pública para que conservaran sus escoltas hasta por 12 años después de dejar el cargo, en lugar de los ocho años que se tenía antes.
La actual Ley de Seguridad Pública fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en Nochebuena de 2014 y establecía en ella, en su artículo 53, que el periodo máximo por el que cualquier funcionario público pudiera gozar de escoltas, una vez abandonado su cargo, es de ocho años.
Este y otros artículos fueron modificados por órdenes de Roberto Borge Angulo en los últimos meses de su mandato. Fue en julio de 2016, cuando los diputados locales que sesionaban ocultos en el hotel Royalton de Cancún, autorizaron que los gobernadores tendrían derecho a 15 años de escoltas (Decreto 415), como parte del “paquete de la impunidad” dado al mandatario saliente.
Este congreso terminó su periodo y una de las primeras tareas de la nueva Legislatura, encabezada por Eduardo Martínez Arcila era “revertir” esta reforma legal. Sin embargo, todo resultó ser una “tomadura de pelo”, ya que en lugar de regresar la ley como estaba antes, redactaron que “la protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual”; es decir, por 12 años en el caso de gobernadores.
Peor que eso, en lugar de especificar el número de escoltas que debieran contar los ex funcionarios públicos, indica que se le otorgará “la mitad de los utilizados cuando estaban en funciones”. Con ello, basta que un gobernador aumente el número de “guaruras” a la cifra que quiera para que luego se le dé “la mitad” de esta cantidad y cuente con los elementos que quiera.
Por este motivo, Félix González Canto, que terminó su mandato bajo otra ley (la de 2005) cuenta con 12 escoltas; en tanto que Roberto Borge Angulo, usando este “regalo” de Martínez Arcila, se quedó para sí con 35 elementos, cuyos salarios son cubiertos mensualmente con el dinero de los quintanarroenses.
González Canto, aunque quedó con un número menor de guardias, de todas maneras se vio favorecido con la reforma de ley de Martínez Arcila, pues al cumplirse los primeros seis años desde que culminó su mandato, ya solicitó el lunes pasado su prórroga por otros seis años.
De acuerdo a la ley, el interesado debe acreditar la necesidad de contar con los escoltas, ante un comité formado por el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el fiscal. Ante la actual situación de inseguridad, no será difícil lograr este requisito y, de negarse las autoridades, podrían verse enfrascadas en un engorroso litigio, causado por la ineptitud legislativa del presidente de la Gran Comisión.
En la sesión de ayer, El diputado del PAN, Jesús Zetina Tejero, lamentó la solicitud del senador Félix González Canto de ampliar su periodo de escoltas por otros seis años, pues señaló que el endeudamiento catastrófico que las últimas dos administraciones pasadas dejaron, no permite que el Estado destine más recursos para escoltas.
“Los elementos policiacos debieran cuidar a los ciudadanos y no las figuras públicas”, declaró.
Sin embargo, calló el hecho que ellos mismos redactaron la ley de esta manera, otorgando este beneficio por cuatro años más de como estaba en 2013.
Es de destacar que la iniciativa, al momento de ser presentada y votada de forma unánime por los 25 legisladores locales, fue destacada como un “día histórico” y un gran paso en el combate a la impunidad, callando que en realidad otorgaban escoltas por un plazo mayor al originalmente contemplado.
EL CASO YARRINGTON
Pero la funesta reforma, aprobada como el Decreto 3 de la XV Legislatura, también fue negligentemente miope. Para cuando se aprobó, a Roberto Borge le faltaban dos semanas para que abandonara el cargo y ya estaba envuelto en diversos escándalos, como los onerosos vuelos de VIP Saesa, los cuantiosos faltantes en los fideicomisos de promoción turística, los mil millones dados por Aguakan a CAPA y luego desaparecidos, entre otros temas. Todo esto significaba que habrían investigaciones penales en puerta y una posible orden de aprehensión. Pese a ello, en ninguna parte de la ley se previó qué hacer en caso de que un ex gobernador pase a ser prófugo de la ley.
La situación es similar a la del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Cuando se le detuvo en Italia, se descubrió que, pese a estar prófugo desde hace casi cinco años, contaba con ocho escoltas de su gobierno estatal, los que fueron renovados hace apenas un año.
Esto podría repetirse en Quintana Roo, ya que contra Roberto Borge pesan seis expedientes penales, pero la ley, tal como la dejó Eduardo Martínez Arcila y su séquito, no contempla retirarle a este ex gobernador sus 35 escoltas, en caso de girársele su orden de aprehensión.
