Son más de 40 auditorías
Más de 40 auditorías sobre diferentes áreas que conforman la administración del Gobierno del Estado, son las que a la fecha realiza la Secretaría de la Gestión Pública, sobre diversas inconsistencias detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración estatal, que continúa su curso y tras el cual se estima que más de la mitad de los ex funcionarios que formaron parte del gobierno anterior serían citados a comparecer, indicó el titular de esta instancia, Rafael del Pozo Dergal, quien mencionó que entre las anomalías detectadas, está la presunción en desvío de recursos y la desaparición de vehículos y otros bienes muebles.
Al existir la instrucción por parte del Gobernador, Carlos Joaquín González, de hacer una revisión profunda sobre situación que guarda la administración estatal, detalló que una vez que se firme la totalidad de las actas de las revisiones efectuadas, se revisarán puntualmente los anexos de dichos documentos, para establecer las aclaraciones que requieran realizar los servidores públicos que tomaron parte en la pasada administración, lo que en su caso, derivaría en auditorías o procedimientos de responsabilidad.
“Te puedo decir que en todos los termas y todas las áreas que se han revisado, hemos encontrado enormes inconsistencias, que hasta el momento no tiene otra naturaleza, pues se tendrán que revisar para determinar sui existe una garantí de audiencia en la que él o los responsables de cada área a revisar, comparezcan para explicar o tratar de aclarar el destino de los recursos o bienes reclamados. En algunos casos, tenemos situaciones de presunto desvío de fondos, mientras que en otros detectamos que no aparecen algunas camionetas, entre otros”, señaló.
Rafael Del Pozo, dijo que ante todo, se debe ser respetuoso de no emitir juicios apresurados, pues recalcó que aunque se han encontrado diversas observaciones de forma y fondo, existen mecanismos mediante los que la norma prevé subsanar dichas inconsistencias.
Indicó que primeramente se requieren 30 días para la firma de las actas, y sea a partir de la fecha de inicio de la gestión gubernamental o del nombramiento del nuevo titular de cada área, lo que en algunos casos se sigue dando, posterior a lo que se da un plazo de 60 días hábiles para plantear las observaciones a dichos anexos, a partir de lo que se darán las correspondientes solicitudes de aclaración, lo que dará pie a que la Contraloría estatal cite a los servidores públicos salientes.
Será entre finales de diciembre y principios de enero cuando se definan las inconsistencias no aclaradas, para iniciar el finamiento de responsabilidades, resarcitorias, administrativas o penales.
Por Raimon Rosado>Quequi
