Luchan por Mantarrayas

Realizan marcha pidiendo a autoridades no autoricen la construcción del proyecto en la playa.

Por Luis Roel Itzá
Quequi
Cerca de un centenar de cozumeleños realizaron una marcha pacífica desde Playa Mantarrayas hasta los bajos del Palacio Municipal para pedirle a las autoridades que no autoricen la construcción del proyecto Cabo Mantarrayas, a lo largo de un mes de campaña lograron recabar más de ocho mil firmas que serán entregadas a la Semarnat a fin de que tome en consideración el sentir de los cozumeleños.


Debido a que el periodo de Consulta Pública que realiza la Semarnat está por concluir este 30 de septiembre, están en el proceso de depuración de las hojas con firmas que serán entregadas a la autoridad ambiental federal, mismas que fueron recabadas por organizaciones, colectivos, escuelas, iglesias, deportistas, comercios, familias, pescadores, buzos, nadadores y público en general que decidió unirse a este reclamo social para que no se privatice la única zona de playa pública que le queda a Cozumel.


Fueron un total de cinco mil 783 firmas que se recabar con la identificación oficial de los firmantes, otras dos mil se consiguieron por la agrupación Guardianes de Cuzamil y más de mil 300 firmas de manera digital a través de la página Change Org.


Las razones manifestadas son: Que se considera un despojo más de los espacios públicos costeros de la isla y que defenderá su territorio y demostrarán que la voluntad ciudadana ordenada puede ayudar a la toma de decisiones responsables para promover la sostenibilidad de las localidades.


Se hizo un respetuoso llamado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como a la titular entrante de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para que se lleve a cabo un diagnóstico detallado del estado actual de las instituciones ambientales a nivel federal.


La razón es porque consideran que como en otros estados del país, Quintana Roo se ha convertido en una mina de oro para desarrolladores e inversionistas que, si bien generan fuentes de empleo, frecuentemente lo hacen en detrimento de la salud de los ecosistemas y del medio ambiente.

Esto es un resultado del irrespeto a las leyes, reglamentos, programas de manejo, lineamientos y todo tipo de instrumento jurídico en materia ambiental y de otro tipo (como pesca), así como del establecimiento de esquemas de corrupción entre empresarios y funcionarios sin solvencia moral.


Asimismo, solicitan a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, rectificar el camino y abandonar los hábitos heredados de gobiernos anteriores, en los cuales se fomentaba la mercantilización de los ecosistemas y de los recursos naturales mediante lubricados esquemas de corrupción.

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