Le mete Peña gol a México
En medio de campañas y el mundial el presidente privatiza el agua.
Por Redacción>Quequi
Mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación. En ese 40% de las cuencas escurre 55% de las aguas superficiales del país.
Lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente cuencas de agua, abren la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Esa es una de las principales conclusiones de la coalición “Agua para Todos” donde confluyen «pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)».
En un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto del pasado 5 de junio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, la coalición “Agua para Todos” encontró que «estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos».
AFECTADOS
Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.
Los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de «desarrollo», se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Pero además, la coalición “Agua para Todos” estimó que los decretos de levantamiento de veda anunciados por Peña Nieto el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían «las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron».
Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la «joya de la corona» de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México.
DATO: Con los decretos anunciados por Peña el 5 de junio, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios.
