La diputada Giselle Castro asegura que la «Ley Chaleco» no fue improvisada

Cancún, 29 de julio.- La diputada Giselle Castro Marcial, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, defendió la reciente aprobación de la denominada coloquialmente «Ley Chaleco» para motociclistas, destacando su enfoque en la seguridad vial y ciudadana.

La ley, que aún requiere de reglamentación por parte del Ejecutivo, establece la obligatoriedad del uso de casco y chaleco con el número de placa estampado para los motociclistas.

En declaraciones, la diputada explicó que la ley responde a un aumento significativo en accidentes y delitos relacionados con motocicletas en el Estado.

“Quintana Roo ocupa el segundo lugar a nivel sureste en accidentes de motocicletas y el sexto a nacional. Además, de 408 delitos de alto impacto cometidos en nuestro estado, 326 fueron perpetrados utilizando motocicletas,” indicó.

La ley busca mejorar la seguridad tanto para los motociclistas como para la ciudadanía en general, subrayando la importancia de que los motociclistas cumplan con los estándares de seguridad y visibilidad.

«Esta iniciativa nace de la necesidad de abordar los altos índices de accidentes y delitos relacionados con motocicletas. No se trata de criminalizar a los motociclistas, sino de garantizar una mayor seguridad en nuestras calles,» aseguró, entrevistada por el SQCS.

En cuanto a las críticas sobre el proceso legislativo, Castro Marcial aclaró que la aprobación de la ley no se realizó de manera apresurada.

«La ley fue discutida en múltiples mesas de trabajo y se llevaron a cabo consultas con diversos sectores antes de su aprobación,» aseveró.

La diputada también respondió a las acusaciones de que la ley fue una distracción para aprobar otras reformas, afirmando que los cambios en la legislación sobre avalúos de propiedades y comisiones de ventas fueron parte de un proceso de reglamentación y no un incremento de impuestos.

La diputada enfatizó que la nueva legislación también incluye medidas para evitar la venta de propiedades a precios inflados y mejorar la transparencia en las transacciones inmobiliarias.

“Se ha establecido un umbral para exenciones de impuestos en propiedades que no superen ciertas valoraciones, con el objetivo de regular y transparentar el mercado inmobiliario,” añadió.

Finalmente, destacó que la implementación de la ley ahora está en manos del Ejecutivo, mientras que el Congreso seguirá promoviendo la concientización y el cumplimiento de la normativa.

“Queremos que la sociedad entienda que esta ley es una herramienta para mejorar la seguridad y no un impedimento para quienes cumplen con la ley,” añadió.