LA DIOSA IXCHEL. El Castillo
Ajustes y desajustes
Es completamente cierto, “en política, sólo hay un pecado: perder”. Con la derrota, según el caso del que se trate, llegan las desgracias para el perdedor. Cuando se triunfa, el pasado no cuenta y se abren de par en par las puertas de la impunidad. Humberto Moreira, el exmandatario de Coahuila y expresidente del CEN tricolor, ha gozado de todas las protecciones habidas y por haber, merced a dos “ejemplares” participaciones: llevar a la candidatura al mexiquense Enrique Peña Nieto y ganar las elecciones en su entidad natal, por encima de cualquier cuestionamiento sobre la “herencia” de poder ejercida, al postular a su hermano. Andrés Granier, exmandatario de Tabasco, no solo fracasó en la selección del candidato, sino que no lo convirtió en su sucesor. Esta pérdida, bajo otras circunstancias, no le hubiese sido tan dramática ni escandalosa si no se tuviera sobre la mesa de principales proyectos presidenciales la reforma energética, el remate petrolero, cuyas instalaciones principales están asentadas en esa entidad, misma que dejó en manos de sus principales opositores. ¿Había razones de corrupción, de malos manejos, de abusos, de enriquecimiento personal y familiar? Sí, pero ¿en cuál entidad no? ¿Habrá un solo nombre, ejemplo de lo contrario? Sólo, tal vez.
Hay que detenerse en cada caso de manera muy particular, aun y cuando existan factores jugando el papel de denominadores comunes. Por ejemplo: Veracruz no es Quintana Roo, ni Quintana Roo Tamaulipas, menos aún puede compararse con Nuevo León o con la fronteriza Chihuahua, o aparecer formando parte del triángulo del narco, en donde están Durango y Sinaloa. Se ha buscado la generalización y por fortuna ésta no existe ni siquiera en los hechos registrados después del 5 de junio. Para los veracruzanos, la pesadilla de la guerra sucia continúa, se mantiene y el resultado amenaza la gobernabilidad de los próximos meses, hasta que concluya el brevísimo mandato de Yunes Linares. Habrá que estar muy atentos a otro tipo de defensa que le autoricen a Javier Duarte, una vez hecha pública su declaración sobre el rumbo que tomó el dinero del cual lo acusan de desvío. “Fue para la campaña presidencial”, han dado por hecho algunos comentaristas y articulistas políticos y no se sabe si en un afán de terminarlo de hundir o para extenderle la tabla de salvación de un ajuste de complicidades.
En estas tierras todavía se contempla la paz de la transición prometida: tranquila. Lo que se prometió lleva tiempo. Para detonar las inversiones del Sur, para generar los empleos que hacen falta, para suplir los despidos no solo de la iniciativa privada, sino de burócratas, para hacer las revisiones o tal vez presentaciones ante el Poder Judicial y recibir fallos. Hay tiempo suficiente para que los jerarcas actúen, tengan diálogos que arrojen negociaciones, cuyos resultados encuentren argumentos en la fallida administración de justicia que otras legislaturas, futuros diputados, tendrán que enmendar. No es lo de hoy, “trabajaremos para el futuro”, como se escuchará decir. Ya se verá si la sociedad está dispuesta a aguantar o si, al poner en juego su paciencia, dan inicio brotes de inconformidad no deseados.
Sobre esto último habrá que permanecer muy atentos por los conflictos recurrentes en las cárceles, lugares de fácil explosión, no solo por el exceso de población y las extorsiones a los familiares de los internos, sino por la tardanza en los juicios y por ende en las sentencias, lo cual revela la ineficiencia del Poder Judicial y de quien lo encabeza. Pendiente de un hilo está el caso Tajamar, en donde las resoluciones adoptadas generan escándalo mundial sobre el país, al incumplirse normas a las cuales les han dado prioridad por el daño creado a la naturaleza. Con estos dictados, las empresas, los inversionistas serios no adquieren seguridad, sino todo lo contrario y si se buscan, se encuentran alternativas que hagan prever el fin de las devastaciones, lo cual es garantía de permanencia de éxito turístico y de aplicación efectiva de las leyes, porque hay que considerar, fuera de banderas partidistas, los acuerdos internacionales aceptados y firmados.
