Jueces mayas resuelven más de 4 mil conflictos
La justicia indígena en Quintana Roo ha resuelto más de 4 mil asuntos mediante mecanismos comunitarios, evitando que esos casos lleguen a fiscalías o juzgados tradicionales y acercando la impartición de justicia a las comunidades mayas.
El magistrado de asuntos indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Francisco Javier Reyes Hernández, informó que durante la actual administración del Poder Judicial se duplicó la presencia de juzgados indígenas en la entidad. En José María Morelos, el número pasó de uno a seis, con la incorporación de cinco nuevos juzgados comunitarios.
Explicó que uno de los avances más relevantes ha sido la incorporación de mujeres mayas como juezas tradicionales, quienes fueron elegidas por sus propias comunidades y cuentan con reconocimiento oficial del Poder Judicial para desempeñar sus funciones.
Señaló que los jueces indígenas reciben capacitación permanente para atender asuntos en materia civil, familiar y penal, además de utilizar formatos oficiales que brindan certeza jurídica a las personas que acuden a solicitar apoyo.
Reyes Hernández destacó que este modelo permite resolver conflictos en cuestión de horas o pocos días, evitando que los habitantes de comunidades alejadas tengan que trasladarse a las cabeceras municipales, contratar abogados particulares o enfrentar barreras por el idioma.
«Cuando una persona puede ser atendida en su propia lengua y dentro de su comunidad, el acceso a la justicia se vuelve mucho más cercano y humano», explicó.
El magistrado añadió que la finalidad de la justicia indígena no es imponer castigos, sino restaurar la convivencia comunitaria mediante el diálogo, la conciliación y la reparación del daño, preservando la paz social entre las familias y habitantes de las comunidades.
Indicó que el Poder Judicial mantiene un programa permanente de formación para los jueces tradicionales, con cursos sobre derechos humanos, atención a niñas, niños y mujeres, perspectiva intercultural, perspectiva de género y técnicas de mediación, con el propósito de fortalecer la legalidad y eficacia de sus actuaciones.
Finalmente, afirmó que todas las resoluciones emitidas por los jueces indígenas cuentan con respaldo legal, ya que su actuación está sustentada en la Ley de Justicia Indígena y avalada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que les otorga validez jurídica ante cualquier instancia correspondiente.
