JORGE GONZÁLEZ DURÁN. La Jiribilla

 

 

LA AUDITORÍA DE HENDRICKS A VILLANUEVA (1 DE 3)

 

Joaquín Hendricks Díaz  asumió el Gobierno del Estado el cinco de abril de 1999, días después de que anunció que un despacho especializado auditaría  sólo el primer trimestre de ese año. Es decir, de enero a marzo, para saber en qué situación financiera le habían entregado el gobierno.  En un mensaje a la opinión pública, el gobernador Hendrciks señaló:

 

Para acceder a los beneficios de la eficaz gestión administrativa que ofrecimos a la ciudadanía y para otorgar transparencia a nuestro desempeño, era necesario por principio de orden, saber en verdad con qué contábamos al inicio  de la presente gestión administrativa; por lo que, se hizo obligado partir de un diagnóstico profesional de la situación en que recibimos el conjunto de recursos  materiales, activos y pasivos del gobierno.

Comprendimos el imperativo de conocer a fondo los pormenores del ejercicio presupuestal de 1999, durante el periodo enero-marzo, con objeto de verificar que el destino de los recursos y acciones del gobierno se hubieran orientado como la población lo demanda y como lo prescribe la ley.

“Con ese propósito, se contrataron los servicios de la firma ‘Freyssinier Morin’, bajo la encomienda de practicar una auditoría integral a las dependencias del poder ejecutivo, cuyos resultados empiezan a ser del dominio público y lo serán en su totalidad, en un plazo estimado de cuatro semana”.

De esta forma, la auditoría pretendía hacer frente a una demanda ciudadana por conocer más de su gobierno y del destino de los fondos públicos.

La revisión del primer trimestre se dio en razón de la responsabilidad que tiene esta administración de dar cuenta  del ejercicio enero-diciembre del presente año y no únicamente a partir del 5 de abril fecha de inicio formal de la misma en el entendido de que la honorable Legislatura aprobó la cuenta pública hasta el 31 de diciembre de 1998.

“Sin embargo, la aprobación de una cuenta pública no libera de manera absoluta de eventuales responsabilidades provenientes de denuncias específicas en un supuesto de esta naturaleza. En este contexto, en un marco de irrestricto apego a la ley y de respeto a la autonomía del poder legislativo y toda vez que este órgano cuenta con toda la documentación de los ejercicios anteriores, se considera  que no  es competencia del ejecutivo revisar las cuentas públicas aprobadas por el Congreso local”.

 

¿Qué resultados arrojó  la auditoría encargada por Hendricks?  ¿se encontraron severas irregularidades? Ya lo veremos en la siguiente columna… continuará (FIN DE TEXTO)

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