Invalida la SCJN militarización de Guardia Nacional
Los ministros señalan que la corporación debe estar bajo el mando civil de la SSPC, como mandata la Constitución.
Por Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019.
El pleno de la SCJN apoyó con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en vez de la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El ministro argumentó que en la Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128 mil elementos, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública.
«Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles», consideró la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, que han desplegado cerca de 90 mil elementos en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles.
Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la Guardia Nacional, que él prometió mantener civil. Pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.
Antes de la votación de la Supre Corte de Justicia de la Nación, el mandatario negó en su rueda de prensa matutina que esté «militarizando» al país, al argumentar que debía ceder la Guardia Nacional al Ejército para evitar que se corrompa.
«Utilizan como excusa de que se va a militarizar el país. Los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo ahora están preocupados y son defensores de derechos humanos. Hipócritas», sostuvo.
Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanos al presidente López Obrador, votaron en contra de invalidar la reforma al replicar los argumentos del mandatario.
En particular, señalaron que, aunque la Guardia Nacional pase a manos del Ejército no se militariza, porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas.
«No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército; no son lo mismo», señaló Zaldívar.
De los 11 ministros que conforman el máximo tribunal constitucional del país, solamente Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, votaron en contra del proyecto de sentencia confeccionado bajo la ponencia de Juan Luis González Alcántara y que propuso concluir que la reforma impugnada por la minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores es inconstitucional.
Votaron a favor de la propuesta Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Al argumentar en contra del proyecto, Zaldívar explicó que el comandante de la Guardia Nacional no puede ser un militar en activo y que sus integrantes son policías militares entrenados para ser policías, no para derrotar al enemigo.
De ahí que «la reforma es constitucional, más allá de si nos gusta o no, y del debate facilón de la militarización», argumentó el ministro Zaldívar.
La Guardia Nacional no está formada en seguridad nacional, agregó, sino para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía, y está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“El control operativo y administrativo no implica el mando de la Guardia Nacional’’, consideró.
Jorge Pardo dijo compartir el proyecto, porque el artículo 21 de la Constitución claramente señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil.
«Aquí el punto es que el Constituyente permanente puso un candado que es expreso, y no es debatible, de que la institución debe ser civil y adscrita a la SSPC», precisó el ministro Pardo.
Para la ministra presidenta, Norma Piña, el mandato expreso de carácter civil de la Guardia Nacional lo establece el artículo 21 Constitucional en sus párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero.
La reforma había causado controversia, porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército mexicano de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos.
