Insisten arrendadoras en reclasificar delito
Por Blanca Silva
Tras tipificar como robo equiparado la sustracción de unidades que sufren por parte de la delincuencia, la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo presentó de nueva cuenta al Congreso del Estado una iniciativa para reclasificar el delito de abuso de confianza y frenar el creciente robo de unidades que registran, que los ha llevado a reforzar sus protocolos de prevención.
En entrevista, la presidenta de la asociación, Alma Reynoso Zambrano, indicó que en las últimas semanas se ha acentuado la problemática al registrar la sustracción de hasta 13 vehículos en un día, los cuales fueron localizados en Playa del Carmen, donde los delincuentes buscan venderlos tras refacturarlos y cambiarles el número de serie.
A la fecha, el sector acumula pérdidas por más de 100 millones de pesos por la sustracción de más de 365 unidades en lo que va del año, por lo cual la nueva iniciativa busca también encarcelar hasta por nueve años a los responsables y fincar también responsabilidades a aquellos colaboradores de las empresas que se vean involucrados en este ilícito.
Lo anterior se desprende del cabildeo realizado con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial para elaborar la nueva iniciativa, en cuyo análisis se espera participe también la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), con miras a replicarla en el resto del país, aunque el problema se acentúa en Cancún y Ciudad de México al concentrar el mayor número de arrendadoras de vehículos por la actividad turística.
Esto hizo que el robo pasara de un vehículo diario en promedio, a tres, siete e incluso 13, principalmente camionetas para cinco pasajeros y vehículos medianos compactos, que son usados para delinquir, convirtiendo la situación en una bola de nieve en materia de seguridad para Quintana Roo, además del daño social al patrimonio de quien adquiere este tipo de unidades.
Sin embargo, no todas las empresas ponen la denuncia, ya que el seguro del vehículo no aplica al considerarse abuso de confianza, por lo que pierden su capital al no recuperar las unidades, que se venden a través de redes sociales luego de desactivar el GPS.
Por lo pronto, el sector busca blindar sus operaciones mediante diversas estrategias, como biométricos, doble GPS, alertas, cambiar contratos e impartir cursos sobre el tema, en espera de que los diputados aprueben la nueva iniciativa, ya que de lo contrario de nada servirá la reforma a la FGE en materia de vehículos robados, al no poder sancionar a los responsables.
