Iniciativa de ley reforzará la seguridad
La presidenta municipal Laura Fernández Piña destacó que la iniciativa de decreto presentada por el gobernador Carlos Joaquín González ante la XV Legislatura del Congreso del Estado, para la expedición de la Ley de Emergencia Policial, reforzará las acciones de seguridad pública en Quintana Roo en un marco de respeto a la autonomía municipal.
La alcaldesa reiteró que el municipio será siempre un aliado del Gobierno de Quintana Roo, con el que ha habido entendimiento en todos los rubros, pero muy en especial en el que tiene que ver con la seguridad de los portomorelenses.
“Se trata de una iniciativa que garantizará la seguridad y salvaguardará el patrimonio de los ciudadanos, en caso de que existieran en los municipios hechos de fuerza mayor. Puerto Morelos seguirá trabajando de manera coordinada con el estado y la Federación en el diseño de estrategias que signifiquen paz y tranquilidad para la población”, comentó la alcaldesa.
Laura Fernández destacó la confianza y el entendimiento mutuo que existe con el gobernador Carlos Joaquín para ir de la mano en temas que requieren sensibilidad y mucha coordinación, como es precisamente el rubro de la seguridad pública.
“Me sumo a esta iniciativa del jefe del Ejecutivo de Quintana Roo, para hacerle frente a la delincuencia que no respeta divisiones geográficas ni políticas y que requiere de mecanismos y acciones institucionales sólidas. Este es otro mensaje claro a la sociedad quintanarroense de trabajo fuerte, unido y responsable de que habrá mayores garantías sobre su seguridad”, precisó.
Cabe mencionar que el objetivo es expedir la Ley de Emergencia Policial, reglamentaria de la fracción X del Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para regular el orden público y de interés general, teniendo por objeto reglamentar la facultad del ejecutivo del estado consistente en poder emitir órdenes dirigidas a la Policía Preventiva Municipal, la cual deberá acatarlas cuando el gobernador del estado determine la existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden público de uno o más municipios de la entidad, implementando operativos o estrategias de seguridad pública, las cuales dependerán de un mando único estatal.