HUNDEN PRUEBAS A GALVÁN
Pese a las pruebas irrefutables de que Jorge Alberto Galván García mantiene de forma ilegal el cargo de notario público, con el que ha labrado fortuna a costa de la evasión de impuestos, las autoridades encargadas de imponer la ley se niegan a intervenir o prefieren no comentar.
Galván García es titular de la Notaría Pública 74, ello pese a que tiene un auto de formal prisión dictado por un juez, a raíz de la acusación de la Procuraduría General de la República por defraudación fiscal equiparable, comprobada por todo un peritaje realizado por el área especializada de Hacienda y respaldado con los ingresos declarados y reales del indiciado.
Por ser la defraudación fiscal un delito doloso, lo procedente es que se le suspenda de su cargo, en tanto dure el proceso, para que lo retome, de ser absuelto, o se le revoque la patente, en caso de ser condenado. Sin embargo, de forma inexplicable Galván García sigue despachando en Cancún, pese a su falta de probidad y al conocido mal uso que le da a su Notaría.
La renuencia de la autoridad a aplicar la ley puede traer consecuencias gravísimas, ya que los trámites notariales hechos en el lugar podrían ser impugnados, al no tratarse de una fe pública legítima, lo que restaría certeza jurídica a toda clase de escrituras, testamentos, transacciones y testimonios.
Pero la violación a la ley cometida por Jorge Alberto Galván García es doble, porque como este medio ha dado cuenta, ofrece servicios de abogado litigante, a través de la empresa “Empowermen” de la que es dueño, lo que es contrario al artículo 20 de la Ley de Notariado.
A través de este “outsourcing” le maneja la nómina a un gran número de empresas, en un esquema de evasión fiscal, donde además se dedica a litigar casos en materia laboral y fiscal (él, quien tiene orden de aprehensión por evadir impuestos), situación ilegal y que se sanciona con una multa de 21 mil pesos en primera instancia y la suspensión como notario, si reincide.
A pesar de denuncias públicas, respaldadas con todos los documentos del caso, ya han sido presentadas ante autoridades de la Dirección de Notarías, rehúsan intervenir, alegando la falta de alguna queja, aunque esto no es requisito de la ley, que obliga a esta instancia de informar a la Secretaría de Gobierno de cualquier anomalía en la función de un notario.
El secretario de Gobierno, Román Quian, tampoco se ha pronunciado al respecto, optando por esconderse de la prensa y no contestar llamadas.
La misma ley señala que, cuando se dicta auto de formal prisión ante un notario, el juez debe notificar a la instancia responsable, pero si no ha sido así, el trámite es una mera formalidad que en cuestión de días será realizado. Entonces habrá que ver si la Dirección de Notarías y Secretario de Gobierno continuará sin querer aplicar la ley, lo que sería una omisión escandalosa con responsabilidades punibles.
AGRIO LEGADO
El mal uso dado a la Notaría Pública 74 por Jorge Alberto Galván García, es una triste herencia de la repartición desmedida de notarías por compadrazgos o “servicios prestados” en Quintana Roo, estado donde la ilegal doble función ejercida por fedatarios es algo reiteradamente denunciado.
«Esta situación atípica con respecto a lo que sucede en otros estados del país, donde el estar a cargo de una notaría se hereda. Una vez que el titular de la misma fallece, puede ser sujeta a impugnación o valoración, a fin de que quien esté a cargo reúna la preparación que para ello se requiere», comentó Iván Ayuso Osorio, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes.
Por ello, amenazó que exigirán al Colegio Nacional de Notarios Públicos que aplique a los titulares de todas estas cuestionadas notarías los exámenes que se requieren para su legitimación.
Raúl Ojeda González, abogado de Chetumal, aseguró que Quintana Roo, sobre todo Chetumal, se encuentra sobresaturado de fedatarios lo que ha generado malestar de quienes ejercen esta función legalmente, al abaratarse los costos de sus servicios.
“Recordemos que las notarías son de índole vitalicia, luego entonces, es una patente que el gobierno no se debe prostituir, mucho menos usarse como pago de favores”, declaró
Por Mario Morales > Quequi
