Hunden evidencias a Manuel Alamilla

CHETUMAL

 

Una denuncia ante Contraloría y una investigación y sanción por la vía penal es lo que debiera proceder en contra del oficial mayor del Estado, Manuel Alamilla Ceballos, por sus múltiples conflictos de interés y falta de transparencia, sentenció Héctor Ortega, exdiputado local y dirigente de Morena.

A la declaración falsa realizada en su 3de3, al ocultar la contratación de su esposa, Tristana Hernández Villegas, como directora de Imagen, ahora se suma la asignación de contratos gubernamentales para favorecerla y la acusación de pretender hacer lo mismo con su hermana.

Según consta en el portal de transparencia del Gobierno Federal, Tristana Hernández Villegas, recibió un contrato en el año 2014, por cerca de 100 mil pesos, por servicios de impresión y grabados con motivo del XXV aniversario de la Conae-Conue, La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

En ese entonces, Manuel Alamilla fungía como jefe de Oficina de la Secretaría de Energía, por lo que esta asignación directa fue un evidente tráfico de influencias, indicó Héctor Ortega.

El morenista se mostró sorprendido de que se haya contratado a una persona con estos antecedentes de corrupción y que de entrada haya abochornado al Gobierno del Estado al mentir descaradamente en su declaración 3de3, lo que redujo este ejercicio de transparencia a una farsa.

Para colmo, ahora surgen en redes sociales señalamientos de que Alamilla nuevamente pretende favorecer a familiares, a través de un oficio en el que ordena a los miembros del Gobierno del Estado a que todo el material gráfico se haga con un proveedor: Illusorium.

El detalle es que esta empresa pertenece a su hermana, Melina Alamilla.

Como colofón, da la indicación que los pedidos deben ser realizados a través de la Dirección de Imagen; es decir, con su esposa. Incluso, amenaza con sancionar a quien no acate estas indicaciones.

Ante las claras evidencias, Alamilla recurrió a las redes sociales y alegó en su cuenta de Twitter que existía una falsificación de documentos, lo que parece ser un intento desesperado para no dañar más su ya deslucida imagen.

Para Héctor Ortega, sus dichos no son suficientes: “Lo que debe proceder es una denuncia en Contraloría del Estado y que lo investiguen y se sancione por la vía penal”, aseveró, en especial por tratarse de alguien habituado a beneficiar a sus familiares con su cargo, como lo demuestra el anterior contrato asignado a su esposa y la colocación de la misma como directora de Imagen (donde según su declaración patrimonial, obtiene ingresos anuales de un millón 323 mil pesos).

No es la primera vez que un oficio le trae dolores de cabeza al oficial mayor. En el arranque del actual gobierno, fue duramente criticado por exigir la firma de un documento de exclusividad laboral al gobierno, fuera de toda legalidad y ajeno a la realidad de los burócratas quintanarroenses, que a menudo complementan sus ingresos con otros trabajos.

En aquella ocasión, el propio gobernador, Carlos Joaquín Hernández, tuvo que salir a enmendar el error del oficial mayor, al desmentir que se estuviese pidiendo exclusividad.

 

MÁS DUDAS

La omisión de que su esposa goza de un puesto de gobierno dado por él no es la única omisión incurrida en la declaración patrimonial de Manuel Alamilla.

Aunque declara ser dueño de un departamento de dos millones de pesos en Ciudad de México y de contar con un Buick del año, con valor de 617 mil pesos pagado de contado, no figura en ningún lugar la lujosa camioneta Lincoln Navigator con la que se le ve movilizarse a diario en Chetumal.

“Al descubrirse una mentira en su declaración, todo lo que consigna en su 3de3 queda en entredicho; diría incluso que ello aplica a todo el gabinete, pues se trató de tomarle el pelo a la ciudadanía”, opinó Ortega.

“Por ello, todas estas acusaciones, deberán ser investigadas y sancionadas por el dizque ‘Gobierno del cambio’ si es que quiere obtener un poco de credibilidad”, añadió.

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