GUADALAJARA.- No fue el olor, sino hilos de sangre que escurrían de un tráiler frigorífico lo que alertó a los vecinos en la zona metropolitana de Guadalajara. Tras investigarse, se supo en principio que se trataba de 157 cadáveres, no reclamados por sus familiares, que durante más de una semana deambularon por el estado.
Los cuerpos, plenamente identificados, habían sido dispuestos en un contenedor de hielo, ante la falta de cupo en las instalaciones de la morgue.
Pero ayer el tema escaló, luego de que las autoridades del estado revelaron que no era un solo tráiler, sino dos, y que por lo tanto serían más de 300 cuerpos los alojados en estos ataúdes errantes.
El destituido extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero, confirmó que uno de estos vehículos no fue removido de las instalaciones del organismo. El otro, en tanto, por no haber espacio, estuvo recorriendo terrenos baldíos, zonas apartadas e incluso fue colocado afuera de un fraccionamiento como si estuviera abandonado.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, declaró, tras la sanción a Cotero, que se trata de dar el ejemplo para otros funcionarios públicos “que tengan como parte de sus tareas algo que ver con la custodia, traslado, o manejo de cuerpos no reclamados, (que) no voy a tolerar tratos deshumanizadores ni alteraciones a los procesos establecidos”.
Tras conocerse, el pasado fin de semana, del tráiler frigorífico, el destituido se deslindó de la disposición de cadáveres. Dijo que en su área se hicieron sólo las pruebas, pero los muertos corresponden en su mayoría a personas asesinadas en confrontaciones de la delincuencia organizada, y que en la morgue metropolitana se encuentran otros 700 cadáveres más, sin identificar.
Los señalamientos constantes por el evidente mal manejo de protocolos, llevó a la Fiscalía General del estado a rentar una bodega para salvaguardar el carguero, mientras se construye el cementerio científico en la colonia Vistas de Tonalla, en Tonalá.
La alcaldesa del municipio de Tlaquepaque, María Elena Limón, reclamó sobre este proyecto, que se conoció casi por azar: “Hay insuficiente coordinación y comunicación entre la autoridad estatal y municipal, ya que en ningún momento se nos informó de esta bodega y ni el destino final de estos cadáveres”.
