Hacen su agosto con comedor de la Sedesol
PUERTO MORELOS
Por Guillermo Olán
Habitantes de la comunidad de Central Vallarta acusaron a la encargada del comedor comunitario, Máxima Salazar Luna, de lucrar con la ayuda que les proporciona la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al vender la ración de comida hasta en 50 pesos a trabajadores jornaleros y gente que llega de paso, cuando el precio debe ser de diez pesos por platillo, desvirtuando el sentido social de estos apoyos, por lo que piden la intervención de la citada dependencia.
Dicho comedor, ubicado sobre la calle principal, debe tener un mínimo de comensales para poder ser autorizada su apertura por la Sedesol, que de acuerdo a sus lineamientos, en el sector rural el mínimo de población requerida es 300, sin embargo en este poblado con apenas cien habitantes, de los cuales una tercera parte son niños, su operación se hace innecesaria al no registrar más de diez comensales al día.
Sin embargo, la mayor parte de los clientes que llegan a tomar sus alimentos, no viven en el poblado, son proveedores, trabajadores de la SCT, Sagarpa, Conagua, Conafor, entre otras dependencias, quienes utilizan ese punto como paso obligado, lo que es aprovechado por los encargados del comedor, la señora Máxima Salazar y su esposo, para hacer negocio, aprovechando el control que tienen del Comité Comunitario que se encarga de administrarlo.
Otra irregularidad es que no hay transparencia en su manejo al no aceptar y facilitar verificaciones, supervisiones e inspecciones por parte de las autoridades locales, y más que comedor comunitario, este sirve como restaurante, lo que va en contra de los preceptos del programa Cruzada contra el Hambre.
La mercancía que es suministrada por la Sedesol mensualmente y que suma más de 60 mil pesos, no se aplica para un propósito social, violando con ello el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Comedores Comunitarios, en su artículo 3.8, inciso IV, que estipula la aplicación de los apoyos recibidos para los fines exclusivamente autorizados. «Hasta el agua la venden a diez pesos, más caro que en cualquier tienda, cuando no deberían comercializarla, ya que es un beneficio para la comunidad», comentó uno de los pobladores que solicitó el anonimato para evitar represalias.
Asimismo estas personas son señaladas de otorgar a la gente que llega a comer, un trato discriminatorio, amén de que dejan mucho que desear en el cumplimiento de los criterios mínimos de higiene en el almacenamiento y conservación de los alimentos.
La instalación de comedores comunitarios en este municipio siempre ha generado conflictos, desde que fue cerrado el que operaba en la zona de “La Invasión”, también por presuntas irregularidades en su manejo, donde incluso mucha mercancía se echó a perder. Al llegar supervisores de la Sedesol se decidió que fuera trasladado al asentamiento irregular Tres Reyes en el municipio de Benito Juárez.
