Frío panorama para Ulloa en Procuraduría
*Todos los casos de alto perfil, tienen el mismo sello de corrupción, opacidad e impunidad por parte de los fiscales
PANAMÁ.- La Procuraduría General de la Nación, parece empecinada en envilecer los casos de alto perfil que se juzgan en Panamá, donde todos tienen el mismo sello de corrupción, opacidad e impunidad, lo que obliga al nuevo procurador Eduardo Ulloa Miranda, a realizar una depuración inmediata de fiscales que solamente representan un gasto público y no sustentan sus salarios porque sus investigaciones no arrojan ningún resultado; por el contrario la dependencia termina enfrentando denuncias, demandas, querellas e indemnizaciones millonarias que le cuesta al estado panameño.
Un ejemplo, es el caso de abuso y arbitrariedad en contra de un inversionista mexicano, contra quien los fiscales cometieron una cadena de errores en el debido proceso de investigación, que se suma a los fallidos expedientes “Panama Papers”, “Ricardo Martinelli” y “Waked”, mismos que se abrieron bajo la administración de la ex procuradora Kenia Isolda Porcell. Todos resultaron improcedentes y la mayoría aún están en espera de una resolución por retrasos del Ministerio Publico y la Fiscalía de Panamá.
El ex presidente Ricardo Martinelli, al terminar su mandado fue acusado por supuestos actos corrupción, al igual que muchos ministros y magistrados que nombró en su periodo del 2009 al 2014, y a la postre exiliado a Miami, donde se le inició un proceso de detención, para después ser extraditado a Panamá el 11 de junio del 2018, por el famoso caso “Pinchazos”, un laboratorio de espionaje telefónico que presuntamente se utilizó para espiar a sus enemigos políticos durante su quinquenio. Martinelli fue puesto en detención preventiva, pero el 9 de agosto del 2019 fue declarado por la Corte “no culpable”.
En el caso del ex presidente panameño, el fiscal Ricauter Gonzales y la ex procuradora Kenia Porcell, fueron cuestionados en su momento por violar el debido proceso, el cual insistieron en llevarlo de manera incorrecta, a pesar de no presentar pruebas contra el acusado que fue víctima de daño psicológico, algo que se les ha hecho costumbre. Las denuncias y amparos hacia fiscales que llevaron el proceso por violación de derechos, no se hicieron esperar.
Es evidente que la Procuraduría no pudoimputar o condenar en ninguno de los casos mencionados, donde Ricauter Gonzales fungió como el fiscal adjunto, excepto el caso “Waked”. En todos ellos el común denominador ha sido la falta al debido proceso, la insistencia en sentenciar aún con pruebas escasas y sin veracidad, y el señalamiento de los afectados que acusan fueron ataques personales infundados, por parte de esta gavilla de funcionarios que buscan enriquecerse a costa del trabajo y sacrificio de personas exitosas.
