Frenaron la construcción

Por Blanca silva Quequi 

Por no garantizar el tratamiento de aguas residuales, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, Ciro Carrera Santiago, suspendió de manera definitiva las obras de construcción del hotel Riu Riviera Cancún, en respuesta a la demanda promovida por activistas ambientales alegando su derecho a un libre ambiente sano y el riesgo ecológico que supone la construcción del inmueble. 

La suspensión definitiva se suma al rechazo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo  

(Fonatur) al proyecto, que contaría con 530 habitaciones e implicaba una inversión de 95.6 millones de dólares. 

De acuerdo con la sentencia, la continuación de la obra, ubicada en el lote 72-03 manzana 55 en el kilómetro 21.5 del bulevar Kukulcán, vulnera la debida planeación urbana de la zona, como función estatal que ordena el espacio público y privado para permitir el desarrollo nacional de diversas actividades humanas en un espacio físico definido, sin que se generen molestias o daños a terceros. 

Por ello, conculca los objetivos que se estiman prioritarios para el correcto ordenamiento espacial de la población, como es el tratamiento de aguas residuales, lo cual pone en peligro la preservación y, en su caso, restauración del equilibrio ecológico, pues la prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas. 

Ante esta situación, consideró que es factible concluir que se encuentra acreditado el requisito en estudio, consistente en la acreditación del daño inminente e irreparable a la pretensión de la parte quejosa, por lo que concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. 

Por ello, ordena a las Direcciones de Ecología y Desarrollo Urbano municipales, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), verificar que no se continúe con la construcción del complejo hotelero para evitar la afectación al derecho humano a un medio ambiente sano, ante la falta de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales de ese proyecto. 

De acuerdo con el documento, la medida cautelar surte efectos a partir de la emisión de la interlocutoria, hasta que las autoridades responsables reciban la notificación sobre la declaración de ejecutoria de la misma.