Fomenta ambulantaje en OPB
MAHAHUAL
Por Sergio López Lara > Quequi
Aprovechando el desfalco millonario detectado en el Departamento de Reglamento y Vía Pública en el Municipio de Othón P. Blanco, a cargo de Daniel Gaspar Gutiérrez Alcocer, autoridades de esta dependencia se han dedicado a otorgar permisos para la venta de diverso productos en vía pública, lo que ha propiciado que se incremente el comercio informal en zonas turísticas como Mahahual, Calderitas y Xul-Há, lo cual da una mala imagen para el turismo nacional e internacional que se encuentra de vacaciones en esta temporada de verano.
Y es que desde hace varios días, la Contraloría Interna del municipio capitalino detectó serias irregularidades en la expedición de permisos para la venta en vía pública de diversos productos, alimentos y aguas frescas, además de ampliaciones de horarios en bares, cantinas, centros nocturnos y discotecas en plena temporada vacacional, que en suma superan los 800 mil pesos en donde se encuentra directamente involucrado el director del Departamento de Reglamento y Vía Pública, Daniel Gaspar Gutiérrez Alcocer.
Esta situación ha propiciado que se duplique el ambulantaje en zonas turísticas durante la presente temporada vacacional, como es el caso de Calderitas, que se encuentra a 15 kilómetros de Chetumal, además de Xul-Há, Huay-Pix, Palmar y Mahahual, en donde se puede observar a venteros de artesanías, alpaca, alimentos, aguas frescas y ropa, quienes asedian a residentes locales, así como a turistas nacionales e internacionales a los cuales les ofrecen una mala imagen.
En lugares conocidos como «giros negros» la situación es similar, debido a que funcionan hasta altas horas de la madrugada, permitiendo la entrada a menores de edad que se encuentran de vacaciones a los que se les venden bebidas alcohólicas adulteradas, tabaco y drogas, situación que ha causado lamentables accidentes automovilísticos y la detención de algunos de estos adolescentes por parte de la Policía Municipal Preventiva, quienes han pagado fuertes multas económicas de hasta dos mil 500 pesos para obtener su libertad, bajo el pretexto de haber cometido una falta administrativa.
