Fiscales ‘pudren’ a la Procuraduría panameña
* José Antonio Candanedo, Ricaurte González y Marcos Mosquera, tuercen la justicia para incriminar a gente inocente y poder despojarlos de su patrimonio
PANAMÁ.- Los presuntos corruptos fiscales del Ministerio Público (MP), José Antonio Candanedo Chiam, Ricaurte González y Marcos Mosquera de la Guardia, insisten en acusar de supuestos ilícitos a dos empresarios mexicanos que planeaban invertir en negocios de software en Panamá, y para tapar su podredumbre en la dependencia, tratan de justificar una investigación que saben nació torcida y que a todas luces es ilegal, en la que la misma Procuraduría de Justicia tiene conocimiento que la documentación que ellos están presentando no es elemento de prueba para acusar a los inversionistas, cuya reputación está más que legitimada.
El abogado de las víctimas, Sergio Morales Puello, reiteró que estos funcionarios encargados de la investigación, apoyados en información falsa y sin sustento, intentan ensuciar la imagen de estas personas, vinculándolas a supuestos ilícitos, sin tener certeza en las indagatorias que realiza la dependencia encargada de impartir justicia, por lo que también tendrán que enfrentar acciones personales y legales.
Lo cierto es que hasta el momento el Ministero Público no ha podido acreditar nada de lo que sustentan sus desprestigiados fiscales, encabezados por el titular de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, Candanedo Chiam y el fiscal Ricaurte González, y en cambio mantienen secuestrado a los inversionistas mexicanos cerca de 12 millones de dólares, que incluyen propiedades y dinero en efectivo.
Tras violar todas las garantías de los empresarios y su seguridad jurídica, Candanedo Chiam, Ricaurte González y Mosquera de la Guardia, han llevado a cabo presuntas investigaciones sin transparencia, una patraña que ha afectado los intereses de los inversionistas, lo que ha originado una total desconfianza del proceso que llevan las autoridades panameñas, según explicó Morales Puello.
Manifestó que estos funcionarios han tratado en todo momento a sus clientes como traficantes y delincuentes, cuando certificaciones emitidas por la Interpol Panamá y de Francia, así como la Fiscalía General de la República en México, sustentan que los empresarios señalados no cuentan con antecedentes delictivos, ni órdenes de búsqueda en ningún país.
Por otra parte, los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado Mosquera de la Guardia, brazo ejecutor de la defenestrada ex procuradora de Justicia, Kenia Isolda Porcel, incluye abuso de autoridad y extralimitación de funciones en casos que se han convertido en sonados escándalos en la prensa panameña.
La podredumbre en que ha estado inmersa la Procuraduría en los últimos años, ha abierto varias investigaciones, situación que pone a estos nefastos fiscales en la antesala de un juicio sumario que los llevaría a pisar la cárcel, pues han perdido toda credibilidad ante su dudosa actuación ministerial en complicidad con otros funcionarios.
