Firma gobernadora histórico acuerdo
Fortalece la reintegración de personas privadas de libertad con un enfoque humanista.
Cancún
Por Redacción
Para garantizar a las personas privadas de su libertad los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad, mediante el trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó el Acuerdo de Emisión de Estatutos de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Quintana Roo.
“Por primera vez en la historia estamos firmando un Acuerdo para tener una coordinación de actividades entre las secretarías del Poder Ejecutivo para su involucramiento en labores de reinserción de las personas privadas de su libertad. Esa función intersecretarial debió crearse desde el año 2017 pero permanecía en el olvido. Hoy la hacemos realidad” explicó la gobernadora de Quintana Roo.
Precisó que esta Comisión Intersecretarial permitirá que las personas privadas de su libertad se reinserten a la vida en sociedad con estudios, con capacitación, con conocimiento en diferentes áreas para tener un mejor futuro, y porvenir para ellos y sus familias.
“El sistema penitenciario es uno de los componentes fundamentales del nuevo modelo de seguridad ciudadana que este gobierno humanista implementa para garantizar la seguridad de las y los quintanarroenses. Actuamos bajo un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, avanzamos hacia una prosperidad compartida para que nadie, absolutamente nadie se quede atrás ni nadie se quede fuera de esa segunda oportunidad” aseguró la Gobernadora.
Este acuerdo fue firmado con la participación de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez y el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, durante un evento realizado en el Complejo de Seguridad C5.
En la exposición de motivos, la secretaria Cristina Torres dio a conocer que estos mecanismos de reintegración social se dan sobre estricto apego a los derechos humanos, ofreciendo seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, con el propósito que, una vez puestas en libertad, las personas vuelvan a delinquir.
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