Financiaron varios municipios al cártel
La Fiscalía descubre vínculos entre autoridades locales y La Familia Michoacana.
Por Agencias
Ciudad de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha revelado que las administraciones municipales de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico financiaron, al parecer, actividades del cártel de La Familia Michoacana, una de las organizaciones criminales más activas en la región sur del estado.
En el caso de Amanalco, la fiscalía ha informado que, a través de acuerdos de cabildo, la administración local entregó grandes sumas de dinero al grupo criminal. Tras la detención de la alcaldesa María Elena “N” y otros miembros del cabildo, se descubrió que, por cada acuerdo aprobado, se debían entregar 100 mil pesos al cártel. Además, se encontraron pruebas de que trimestralmente se entregaba un millón de pesos y que la mitad del presupuesto destinado a obras públicas era redirigido a las arcas del cártel. Los líderes del grupo criminal, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, también habrían tenido reuniones periódicas con los funcionarios locales, quienes les informaban sobre el manejo de la administración municipal y posibles conflictos internos.
En Santo Tomás de los Plátanos, con una población de apenas 9,729 habitantes, la alcaldesa María de Rosario “N” es señalada como responsable de entregar información crucial al crimen organizado. Según la fiscalía, la edil proporcionaba listas con nombres de beneficiarios de diversos apoyos gubernamentales y datos sobre personas que enviaban remesas, para ser víctimas de extorsión por parte del cártel. La alcaldesa se encuentra prófuga de la justicia.
Delincuencia
El cártel de La Familia Michoacana ha establecido una fuerte presencia en la región sur del Estado de México, donde se han dado casos de colaboración entre autoridades locales y el crimen organizado. El grupo ha sido responsable de una serie de actividades ilícitas, incluidas extorsiones, tráfico de drogas y violencia, lo que ha generado preocupación en las comunidades afectadas.
En una investigación adicional, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) analizó la cuenta pública de 2023 de los ayuntamientos implicados, encontrando diversas irregularidades financieras que refuerzan las acusaciones de corrupción y desvío de recursos públicos.
Las autoridades estatales continúan con las investigaciones y han prometido una acción contundente para desmantelar la colaboración entre autoridades municipales y grupos criminales en la región. La FGJEM ha instado a otros municipios a reforzar sus medidas de control y transparencia para evitar que más gobiernos locales caigan bajo la influencia de organizaciones delictivas como La Familia Michoacana.
