Falta voluntad en conflicto limítrofe
Por Mayra Cervera > Queuqi
Se requiere de voluntad política del Gobierno del Estado para buscar una solución al conflicto limítrofe entre los tres estados de la Península, aseguró el magistrado, César Molina Suarez.
La disputa para definir los límites territoriales entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, debido a que no ha tenido resultados positivos, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido desechada y archivada.
Sin embargo, los magistrados del máximo tribunal del país, aún no han emitido alguna determinación sobre a quién le corresponde el territorio que se encuentra en litigio, por lo que aún no se puede definir que se haya perdido ninguna franja de terreno.
De acuerdo con el magistrado de Justicia Administrativa del Estado de México, César de Jesús Molina Suárez, dijo que la solución a este problema es política y tendría que ser el gobierno de Carlos Joaquín el que decida si procede o no en sus intereses de continuar con el pleito jurídico por los límites estatales.
Dentro del marco de la conferencia “La defensa constitucional de los límites de Quintana Roo”, dijo que para resolver este tema existen dos vertientes.
Una de ellas es llegar a un acuerdo amistoso entre los gobiernos de cada entidad, que permita analizar y puntualizar los limites existentes, acuerdos que tendrán que ser avalados por el Congreso de la Unión a través del Senado de la República.
Y que otra de las posibilidades, de no haber un acuerdo amistoso, sería retomar el tema a través de lo legal y presentar una nueva controversia constitucional, como lo permite y establece el Artículo 45 de la Constitución General de la República.
Dijo que el grupo parlamentario del PRI y la Comisión Legislativa de Límites Territoriales en el Congreso local, han planteado reactivar el tema con nuevo argumentos y presentar pruebas históricas y legales que sustenten la controversia a presentar.
De igual manera, señaló que han tratado de crear un nuevo municipio de Quintana Roo en la zona limítrofe con Campeche y obligar a la reapertura del expediente por parte de ese estado; sin embargo, esa decisión también requiere de voluntad política de parte de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado.
