Exigen castigar el ecocodio de Puerto Cancún
CANCÚN
Redacción > Quequi
Envuelto en la polémica desde su concepción, el complejo Puerto Cancún se pasó por el arco del triunfo las Fases 2 y 3 de la contingencia sanitaria, lo cual dio como resultado una serie de denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas ante autoridades federales, derivadas principalmente de la ejecución del proyecto Mejoramiento y Estabilización de la Zona de Playa Frente al Desarrollo Puerto Cancún, que incluye el dragado de arena.
El proyecto, autorizado en 2017 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estaba condicionado a una serie de medidas de mitigación, restauración y control del impacto ambiental atribuible al desarrollo de las obras, cuyo cumplimiento final no podrá verificar la dependencia en estos momentos debido a la Fase 3 de la contingencia sanitaria.
De acuerdo con el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, Armando Lara de Nigris, el dragado terminó el martes pasado y la draga fue retirada de inmediato, por lo que el miércoles ya no estaba, aunque el acomodo de la arena concluyó el fin de semana.
Sin embargo, la empresa dejó tras de sí una serie de denuncias interpuestas por ambientalistas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por la extracción de arena para ampliar su frente de playa, así como por continuar trabajando durante la Fase 3 de la contingencia sanitaria, violando así la disposición federal que limitaba la actividad económica a las empresas esenciales.
La representante legal del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, Katherine Ender Córdova, señaló que las denuncias iniciaron desde 2018 por daño a los ecosistemas como mangle, tala y relleno del humedal.
Precisó que las denuncias fueron separadas en cuatro, dentro de lo cual los delitos contra la biodiversidad y ecocidio, entre otros, quedaron en el ámbito penal y el ambiental en el administrativo.
Detalló que las denuncias tienen su origen desde el cambio de uso de suelo sin el debido permiso y la construcción del hotel, que derivo en el derrumbe de tres pisos, por lo cual se ampliaron las denuncias y se incluyeron otros predios de Puerto Cancún, donde se documentó el relleno de humedal y mal manejo de los desechos, como escombros.
Sin embargo, apuntó que hasta ahora ninguna de las denuncias se ha resuelto, pues la autoridad federal argumento que hay reservas de mangle cuando la realidad es otra, pues ahora se suma la extracción de arena para construir otra playa, con lo cual se incrementan los delitos ambientales cometidos por el complejo a la vista de la gente.
De igual manera, el Grupo Ecologista del Mayab, encabezado por Aracely Domínguez, interpuso la denuncia correspondiente ante la Profepa en contra de quien resulte responsable, al igual que en el caso de las obras que se realizan en Chemuyil, sin que hasta ahora la autoridad haya emitido alguna respuesta en ninguno de los casos.
Para el grupo, los empresarios aprovecharon la contingencia sanitaria para acabar obras que no estaban permitidas o no fueron autorizadas por la autoridad ambiental, lo cual constituye una violación al medio ambiente y a las disposiciones del gobierno federal de detener las actividades no esenciales, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores al salir de su casa e ir en el transporte sin la debida protección tras entrar en la fase 3, que es la más crítica de la pandemia por el Covid-19.
Aracely Domínguez apuntó que en el caso del relleno de playa, las consecuencias van más allá, pues los sedimentos matan la vida marina y afectan la vida de las especies del mar, además de generar que en algunos lugares se pierda arena y en otros se gane, ya que modifica el movimiento natural de los sedimentos de la zona.
A estas denuncias se suma la de la asociación civil Defensoría Internacional de los Derechos Humanos A.C., con sede en Cancún, cuyo representante, Gerardo Solís Barreto, coincidió Aracely Domínguez en que los trabajos vulneran el ecosistema de la zona y ponen en riesgo a las especies marinas que habitan el mar Caribe, dentro de lo cual destacan los arrecifes de coral, ya que los sedimentos reducen su capacidad para alimentarse y reproducirse.
La demanda interpuesta por Solís Barreto alude a la violación del Artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, el cual establece que está prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o las obras de construcción que no se consideran actividades esenciales en la declaratoria de emergencia sanitaria, además de que el dragado podría generar desequilibrios en la hidrodinámica de la costa e impactar los pastos marinos, que forman parte del ecosistema costero.
En general, el proyecto aprobado por la Semarnat consiste en obras y actividades para restituir la duna costera y playa arenosa en la zona federal, para lo cual se construirían seis arrecifes artificiales, dos escolleras y se instalarían geocilindros rellenos de arena para conformar dos dunas artificiales, que se complementarían con la inyección de arena en la zona de playa.
El objetivo era disipar la energía del oleaje en condiciones normales y de tormentas estacionales, a fin de evitar el lavado y arrastre del material depositado en la zona submarina frontal a la playa de Puerto Cancún, por medio de las estructuras construidas, cuyas obras de marítimas y de dragado fueron autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en octubre de 2018, mientras la Secretaría de Marina (Semar) otorgó a la empresa el permiso para el vertimiento de la arena en la zona, donde no se tiene registro de anidación de tortugas marinas.
