Exhorta el Congreso a garantizar abasto de medicamentos para personas con VIH

Se turnan 3 iniciativas y un punto de acuerdo, para su análisis en comisiones

Chetumal, Quintana Roo. – Para otorgar una adecuada atención y servicios médicos de calidad a personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto al Gobierno de México para que, a través de los titulares de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS, del ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo, se garantice el abasto de medicamentos y se puedan suministrar a los pacientes que lo requieran.

En la sesión ordinaria número 14, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, promovido por la diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, y los diputados Hernán Villatoro Barrios y Roberto Erales Jiménez, todos ellos integrantes del grupo legislativo del Partido del Trabajo.
En la exposición de motivos, se señala que el VIH se encuentra como el principal padecimiento registrado cuyos pacientes no tuvieron acceso a medicamentos en el IMSS, según datos de la plataforma digital cerodesabasto.org.

Incluso, esos mismos datos ubican al IMSS en primera posición por reportes de desabasto de medicamentos con el 54 por ciento, (siendo éste el que mayor número de pacientes en México atiende); seguido del ISSSTE con 30 por ciento, el INSABI con 9 por ciento y el 7 por ciento restante corresponde a PEMEX, a los subsistemas estatales y privados.

En esa misma sesión, se dio entrada a una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, presentada por los integrantes del grupo legislativo del PT.

Se trata de una iniciativa que busca acotar la discrecionalidad del uso de las facultades para el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, así como establecer un control de la discrecionalidad del poder público del titular de la Fiscalía General del Estado.

Se propone que la retribución y estímulos que perciban el personal profesional y técnico sean los que establezca el tabulador de sueldos que se apruebe en cada ejercicio fiscal, con base al perfil previamente establecido en el manual de organización.

También plantea adecuar algunos artículos que fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con el aseguramiento de bienes, la exigencia de ser mexicano por nacimiento para ser vicefiscal, director general, coordinador general o titular de los centros y de las fiscalías especializadas y perito, así como el supuesto que exigía como requisito para ocupar una plaza de policía de investigación.

Previamente se llevó a cabo la sesión número 13, donde se dieron entrada a dos iniciativas de ley y una proposición con punto de acuerdo, las cuales fueron turnadas a comisiones para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Entre ellas se encuentra una iniciativa para modificar el último párrafo del artículo 798 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para garantizar el acceso a la justicia y al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, respetando la autonomía de decidir voluntariamente seguir unido o no en matrimonio; presentada por la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

También se dio lectura a una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, así como reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Roxana Lilí Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia.

La propuesta consiste en fortalecer el sistema administrativo a través de la imposición de sanciones pecuniarias a conductas de bajo impacto social, dando fuerza al principio de mínima intervención.

Por último, se turnó a comisiones un punto de acuerdo presentado por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en el que propone exhortar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a las diputadas y diputados federales del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, contemplen la asignación de recursos en el Presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa “Escuelas de Tiempo Completo”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.