EL BESTIARIO
El socialista Pedro Sánchez investido presidente de España
No existe ninguna maldición metafísica por la que el país ibérico de la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición Democrática esté condenada a dividirse en dos bandos, el “rojo”, el de las izquierdas, y el “azul’, el de las derechas, el derrotado…
SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY
“El Congreso invistió este histórico martes, 7 de enero, a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Sánchez revalida así su mandato al frente del Ejecutivo, al que llegó tras prosperar una moción de censura contra Mariano Rajoy, a raíz de que el Partido Popular fuera condenado por corrupción. Las mismas fuerzas que entonces le acusaron de acceder ilegítimamente al poder vuelven a hacerlo ahora que ha ganado las elecciones y ha conformado una mayoría, presentando posiciones políticas de parte como si fueran imperativos constitucionales y relativizando la gravedad de las acusaciones que vierten. Declarar ilegítimo a un Gobierno formado a partir del voto de los ciudadanos y a través del procedimiento previsto por la Constitución es, en sentido contrario, declarar legítima cualquier forma de oposición, incluyendo la coacción a los diputados de la mayoría. Los cuatro años de parálisis padecidos por el país han demostrado que existe una situación más estéril que la de los Gobiernos en minoría, y es la de los Gobiernos en funciones. La obtusa resistencia de los grupos parlamentarios a cumplir con sus deberes más inexcusables, como formar un Gobierno a partir de un Parlamento elegido o articular mayorías para aprobar leyes, ha instalado el sistema constitucional en el peligroso territorio de la excepcionalidad. Los Presupuestos están prorrogados, el mandato de órganos esenciales para el funcionamiento del Estado ha expirado y el decreto ley se ha convertido en un instrumento ordinario de Gobierno. La investidura de Sánchez ofrece una tímida oportunidad para emprender el regreso a la normalidad, alejando al país del abismo político e institucional al que no puede seguir asomado por más tiempo. Para no dilapidarla, es necesario que la oposición asuma que su tarea no consiste en propalar juicios de intenciones para rasgarse fariseicamente las vestiduras a la espera de réditos electorales obtenidos a cualquier precio, sino en controlar las acciones del Gobierno y en ofrecer alternativas…”. Este es el editorial del periódico español de mayor tirada, ELPAÍS, cercano ideológicamente a quienes consiguieron por apenas dos votos, 167 a favor y 165 en contra, y 18 abstenciones pactadas sacar adelante el nombramiento como presidente constitucional de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, de 47 años, secretario general del Partido Socialista Español (PSOE), en su tercer intento personal y tras obtener mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los Diputados. Ahora ya tiene luz verde para formar con Unidas Podemos el primer Ejecutivo de coalición del actual periodo democrático. Con su nombramiento, España pretende cerrar una etapa muy inestable de diez meses con un Ejecutivo en funciones, con dos elecciones generales, con cuatro años de Gobiernos en precario, y en la que la política se ha polarizado y las instituciones se han visto sometidas a la mayor tensión en décadas, con el desafío independentista catalán y la irrupción de la extrema derecha neofranquista de Vox. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudió este mismo martes, por la tarde a comunicar esta votación al rey Felipe VI y Sánchez ultima ahora la composición de su Gabinete.
Dicen que, con los irlandeses, los españoles forman una raza oculta y prehistórica, fusión de Norte y Sur, mestizada de los “bárbaros” celtas y los “dulces” iberos; mezcla de árabes, judíos, godos y hasta indios importados; adobada con Contrarreforma, Inquisición, Contrarrevolución y planes económicos. Dicen que estos bárbaros sujetos, candorosos y brutales a un tiempo, inteligentes, vagos a medias, socarrones, cínicos, generosos, muertos de envidia, se extinguen con el devenir de los tiempos, la desaparición de las novenas, el espíritu posconciliar y el Mercado Común Europeo. Pero el periodista ya fallecido Luis Carandell Robusté, cronista de los quereres de amor y de odio de sus señorías, nacido en Barcelona en 1929 y fallecido en Madrid en 2002, nos legó un libro de título “Celtiberia Show”, una auténtica joya periodística y social de las últimas décadas postdictatoriales de la España que reestrenaba libertades. Es un viaje lisérgico a un circo “diputatorial” de las letras, sin más afán crítico que el que es inherente al tema. Sin mala intención, ni buena, que no sea la de amenizar la velada con su show particular, sin trampa ni cartón, con alguna ingenuidad y una punta de amor a sus semejantes. Aquí está el “Mayor Espectáculo de Celtiberia”: las mujeres barbudas, los enanos, los trapecistas, el payaso de turno, el “clown” de calidad, las hermosas ‘chari-varis”, los leones, los tigres, los macacos, los paquidermos, los magos de ocasión y hasta los acomodadores. Aquí está la Celtiberia entera, enamorada de sí misma y al tiempo dispuesta a suicidarse cualquier día que la dejen. La Celtiberia negra a ratos, quien sabe si verde, colorada de vergüenza, pequeña, presuntuosa, pero entrañable… La Celtiberia suya y nuestra, lector. La Celtiberia de todos los días. Amén.
El líder socialista ha obtenido la investidura más ajustada de la democracia con el respaldo de 167 parlamentarios -PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1)-. Un total de 165 diputados han emitido un voto negativo -PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Junts per Catalunya (8), CUP (2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias (1) y PRC (1). A la sesión han acudido los 350 diputados, después de que el domingo se registrara la ausencia de Aina Vidal. Esta parlamentaria de En Comú-Podem por Barcelona, aquejada de un cáncer, ha sido una de las imágenes más emotivas de la jornada y ha recibido, emocionada, el aplauso general del hemiciclo y al final un ramo de flores que le han entregado el líder de su formación, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero. La investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición de izquierda ha sido posible gracias a la abstención decisiva de Esquerra Republicana de Catalunya (13) y EH Bildu (5). Los independentistas catalanes han hecho valer sus escaños para arrancar al nuevo Gobierno una mesa de negociación bilateral con la Generalitat cuyos detalles no han sido explicados aunque el PSOE insiste en que estarán dentro del marco constitucional. “No se va a romper España” fue la primera frase del discurso con el que Sánchez presentó su programa de gobierno para la investidura, el pasado sábado. Este martes, en lugar de Gabriel Rufián, la portavoz de ERC ha sido premeditadamente Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, exconsejera catalana condenada a 12 años de cárcel por sedición y malversación, que, movida por el dolor familiar, pero desde el estrado más solemne de la política española, ha calificado a los diputados socialistas de “verdugos” y “cómplices” de la violencia policial contra los ciudadanos catalanes que acudieron a votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. “Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España”, ha manifestado con contundencia Bassa, que, no obstante, ha defendido la abstención de su grupo a la investidura como una oportunidad para el “diálogo”. La portavoz socialista, Adriana Lastra, no ha hecho mención alguna a esas palabras en su intervención. Desde las bancadas del PP, Vox y Ciudadanos le han hecho gestos a Sánchez para reprocharle esa alianza.
El líder socialista consigue, por fin, acceder a la Presidencia del Gobierno por primera vez mediante investidura parlamentaria, después de llegar a La Moncloa en junio de 2018 como consecuencia de la moción de censura que destituyó al popular Mariano Rajoy. En febrero de 2019, ERC, inmersa en su lucha con Junts per Catalunya para liderar el independentismo catalán, tumbó los Presupuestos y Sánchez convocó elecciones generales para el 28 de abril. Los comicios tuvieron que repetirse el 10 de noviembre tras la incapacidad del PSOE y Podemos de formar una coalición similar a la que hoy verá la luz. En el camino, Ciudadanos, que pudo haber formado Gobierno con el PSOE en abril con sus 57 diputados, ha quedado laminado hasta los 10 escaños. Y Vox, contenido en primavera con 24 actas, se ha disparado hasta los 52 asientos. El partido de Santiago Abascal ha impuesto su agenda reaccionaria y ha arrastrado al PP a su versión más extrema, lo que presagia una oposición sin concesiones y una legislatura más allá de la crispación. En las últimas jornadas, la derecha ha tratado de convencer a diputados socialistas y a otras formaciones como Teruel Existe para que impidieran con su voto el nacimiento del nuevo Gobierno progresista con el apoyo del independentismo. Esas presiones han quedado registradas en algunas intervenciones en el pleno de este martes, tanto de los propios afectados, como el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, de José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, y de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha aprovechado su intervención para pedir perdón a su partido por haber cambiado la orientación de su voto contra la investidura de Sánchez sin avisar a su formación y lamentó el mal tono que se ha impuesto estos días de debate en el Congreso.
La retórica inflamada de este fin de semana -y de este mismo martes- tanto en el Congreso como en las redes sociales y los medios de la derecha, no ha logrado, sin embargo, su objetivo de frustrar el nuevo Gobierno en el que se sentarán, por primera vez desde que se aprobó la Constitución de 1978, ministros de un partido a la izquierda del PSOE. Pablo Iglesias será vicepresidente en materia social y en el nuevo Gabinete de Sánchez tendrán también cartera Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades). Se espera que los ministros del PSOE se vayan conociendo a lo largo de las próximas horas. En la sesión de este martes, Pedro Sánchez se ha mostrado esperanzado en “despejar este clima tóxico” y la “atmósfera de irritación” e interinidad que atraviesa España, y usó para ello una cita del presidente de la Segunda República Manuel Azaña, ya utilizada por Mariano Rajoy en 2017 y José Luis Rodríguez Zapatero en 2007: “Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río”. El argumento más repetido por Sánchez para sustentar su posición a favor de un Gobierno progresista ha sido que es lo que han votado hasta en cinco ocasiones los españoles (dos veces en comicios generales) y, sobre todo, en que no había otra opción posible para salir del atasco institucional que sufría el país.
Pedro Sánchez ha aconsejado de nuevo a las derechas que dejen de tensionar y crispar, porque esa estrategia no les ha servido para tumbar la investidura, y que superen su “berrinche” y acepten el resultado para, incluso, trabajar en algunos asuntos de manera conjunta. Ese espíritu de colaboración no se ha visto en las intervenciones de los portavoces de la derecha. Pablo Casado, del PP, se ha arrogado nada más comenzar a hablar la defensa del Rey y de las víctimas del terrorismo, “ultrajadas”, ha dicho tras la intervención, el domingo, de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. “Usted forzó un pacto con la ultraizquierda, independentistas y batasunos y hoy nos los trae de socios sin dar una explicación a los españoles. Mintió y ese es el estigma con el que nace este Gobierno, el más radical de la historia al precio de desbordar el régimen”, ha dicho Casado. El dirigente popular vaticinó que Sánchez será “el hombre de paja del nacionalismo para romper el Estado” y que la legislatura acabará cuando se resuelva este dilema: “O se rompe España o le echan”. Casado también recuperó palabras de Azaña: “Yo tolero que ataquen a la República pero nunca que ataquen a España”. Esa misma cita de Azaña, pero más desarrollada, la recuperó el líder de Vox, Santiago Abascal, que comenzó su discurso recordando a las últimas víctimas de la violencia machista (que él prefiere llamar intrafamiliar en general), pero para orientar su discurso a señalar indiscriminadamente a los inmigrantes, citando una serie de ataques sexuales y de violencia de género protagonizados por extranjeros. El líder de Podemos y futuro vicepresidente, Pablo Iglesias, ha asumido la tarea de responder a los ataques de los partidos de la derecha: “Si quieren ustedes defender a la Monarquía, eviten que la Monarquía se identifique con ustedes. Si algo sabía el rey Juan Carlos I, que venía de donde venía, es que solo alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza para la Monarquía”, les ha espetado al PP y a Vox. También ha leído un mensaje de Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA: “No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo porque muchas hemos apostado por el diálogo y no por el olvido. Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio”. Iglesias ha avanzado, en este caso advirtiendo por su nombre de pila al presidente, que a partir de ahora les atacarán no por lo que hagan, “sino por lo que somos” y enumeró un buen número de proyectos a acometer para mejorar la cohesión social y territorial en España.
Los portavoces de los demás partidos que intervinieron en el pleno reprodujeron, en versión breve, sus conocidas posiciones. La dirigente de Junts per Catalunya, Laura Borrás, ha justificado su rechazo a la investidura, pese al buen tono que aprecia ahora en Sánchez, porque sigue sin fiarse de sus palabras y promesas de diálogo y quiere compromisos concretos sobre la libertad de los políticos presos encarcelados tras el juicio del procés. Íñigo Errejón, de Más País, felicitó a Sánchez e Iglesias pero recordó que esta mayoría actual ya existía hace cuatro años e incluso en abril pasado y avisó de que lo importante, ahora, no es componer un Gobierno contra la derecha sino para cerrar la brecha de la desigualdad en España. Los partidos del nuevo Grupo Plural recordaron las necesidades respectivas de sus territorios, firmadas en diversos acuerdos de investidura, como hicieron al final los representantes del exiguo Grupo Mixto. Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, incidió en que a Pedro Sánchez los votantes socialistas no le votaron para que hiciera lo que ha culminado al final con Unidas Podemos y la abstención de ERC y Bildu sino para que cumpliera con promesas como traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont para que sea juzgado. Y le repitió varias veces la contundente frase de la republicana Montse Bassa sobre que le importa un comino la gobernabilidad de España para que le retumbase. Aitor Esteban, del PNV, sí quiso subrayar, en este caso para llamar la atención sobre las posiciones tan radicales de la derecha, que Sánchez es candidato porque lo propuso el Rey “al que tanto han querido citar hoy Casado y Abascal”. El dirigente de Bildu Óscar Matute fue menos agresivo en sus expresiones este martes que su compañera, Mertxe Aizpurua, el domingo, pero igual en el fondo y quiso reprochar al miembro de la Mesa del Congreso del PP, Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Suárez, que se diera la vuelta en su escaño “como si fuera un jurado de La Voz”, el programa televisivo.
El nuevo Ejecutivo que Pedro Sánchez presidirá y en el que Unidas Podemos dispondrá de una vicepresidencia y de cuatro ministerios nace políticamente débil, lo que lo obligará a una acción institucionalmente irreprochable para no quedar a merced de algunas de las fuerzas que se han puesto de su lado, ni tampoco de los excesos de una oposición que se dice dispuesta a borrar la frontera entre el debate en el Parlamento y la vociferación desde las calles. Nada exige rendirse a los augurios pesimistas acerca del desarrollo de esta legislatura, como tampoco dejarse seducir por optimismos infundados. Lo importante es que a partir de este momento el futuro depende exclusivamente de las decisiones que adopten los partidos, porque no existe ninguna maldición metafísica por la que España esté condenada a dividirse en dos bandos y a destruir cíclicamente lo construido entre todos. En la hora actual, la responsabilidad de los representantes de los ciudadanos no se refiere al éxito o al fracaso de un Gobierno, puesto que, en democracia, siempre puede dejar paso a otro distinto, sino a los de un país y sus instituciones democráticas para resolver los graves problemas aplazados.
La crisis económica de 2008 dejó huellas dramáticas en la vida de muchos ciudadanos, coincidiendo con las dificultades económicas del Estado para mantener los niveles de solidaridad. De acuerdo con el programa que ha obtenido la confianza del Parlamento, el Gobierno de Sánchez prestará atención preferente a esos ciudadanos a los que la recesión privó de sus hogares, de sus empleos, de la posibilidad de ofrecer una vida digna a sus hijos y, más aún, de la certeza de que, para la Constitución de 1978, la condición de ciudadano y de compatriota significa más que agitar banderas y reverenciar mitos históricos. Precisamente porque acierta al establecer la corrección de la desigualdad como prioridad, es importante que el nuevo Gobierno tome en consideración el impacto presupuestario de las medidas que adopte, así como los instrumentos para financiarlas, evitando una desproporción incontrolable entre gastos e ingresos. Una reforma fiscal que haga viables los objetivos sociales fijados respetando los compromisos europeos adquiridos exige más que subir selectivamente dos impuestos. De la misma forma que el resto de las reformas económicas recogidas en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, desde las referidas a la transición ecológica hasta las que conciernen al futuro de las pensiones, el salario mínimo o la reforma laboral, podrían quedar comprometidas si se anteponen los efectos propagandísticos a la solvencia técnica.
La abstención de Esquerra Republicana ha sido decisiva para que la investidura de Pedro Sánchez pudiese prosperar, bajo el compromiso de abordar la crisis territorial en Cataluña dentro de la Constitución. Pese a todo, los portavoces de ERC no renunciaron a compatibilizar en el debate elementos de distensión con signos de desprecio hacia el acto en el que estaban participando. Esta doble cara dice menos de la fuerza de ERC en el Congreso que de su debilidad en Cataluña, y no porque sea todavía incierto el desenlace de la lucha electoral por la hegemonía dentro del campo independentista, en la que parece llevar la delantera. Los líderes republicanos que han apoyado pactar con el Partido Socialista lo han hecho porque saben que tarde o temprano el independentismo tendrá que responder ante sus electores de haber emprendido un camino que, como el de la unilateralidad y las vías de hecho, está condenado al fracaso, y que solo ofrece avanzar en círculos para disimular la inmovilidad. La transparencia en las negociaciones es, en cualquier caso, inexcusable, como también el respeto a las instituciones, comenzando por la figura del jefe del Estado. Las dificultades para ejercer el poder por parte de un Gobierno en minoría como el que presidirá Pedro Sánchez no le eximen de ejercer la autoridad, evitando adoptar a solas decisiones que requieran el concurso de la oposición y haciéndole pagar el coste político por faltar a los más elementales deberes de Estado, si llegara el caso. Lejos de debilitar a Pedro Sánchez y a su nuevo Gobierno, esa contención institucional podría traducirse en la fuerza política que la aritmética parlamentaria les ha negado.
El primer Gobierno de coalición de la reciente etapa democrática nace débil y enfrentado al problema de Cataluña, la crisis territorial más compleja en la historia de España. PSOE y Unidas Podemos suman 155 diputados en el Congreso y necesitarán el apoyo de otros 21 parlamentarios para aprobar las reformas que han prometido en materia económica, judicial, social y medioambiental. Su primer reto, y el más relevante para garantizarse una cierta estabilidad en la legislatura, será la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ligada a las reformas fiscales anunciadas en las leyes que regulan los impuestos del IRPF, de Sociedades y del IVA. El rechazo de la oposición a las cuentas elaboradas por el Ejecutivo socialista en 2019 provocó la disolución de las Cortes y el adelanto electoral; el veto a los Presupuestos de 2020 es la primera amenaza seria para la continuidad del Gobierno de coalición. El PSOE ha pactado la investidura de Pedro Sánchez, además de con Unidas Podemos, con partidos de escasa representación parlamentaria más el PNV y ERC (en este caso mediante la abstención de sus 13 parlamentarios). En los documentos que certifican esos acuerdos no se incluye un compromiso de votar a favor de los Presupuestos. Pero algunas de las condiciones pactadas para la investidura deberán tener reflejo en las cuentas si el Gobierno de coalición quiere mantener esperanzas de sacar adelante su proyecto de ley. La legislatura comienza con una situación de inestabilidad consolidada, ahora pendiente de las negociaciones del Gobierno de coalición con distintos agentes políticos y sociales en diferentes mesas de diálogo cuyo desenlace influirá sobre su vigencia.
El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos afronta sin mayoría absoluta un calendario de reformas complejas amenazado por la negociación sobre el futuro de Cataluña. Diez son los retos más difíciles del futuro Gobierno… Gabriel Rufián, portavoz de ERC, vinculó la estabilidad del actual Ejecutivo con una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña que debe reunirse por primera vez dentro de dos semanas. El PSOE pretende concluir esas conversaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat con una reforma del Estatuto catalán que mejore el autogobierno de esa comunidad autónoma. Pero el PP ya ha anunciado, antes incluso de conocer el contenido de las reformas, que recurrirá ante el Constitucional el nuevo Estatuto si llega a aprobarse en el Parlamento catalán. Esquerra buscará en la mesa de negociación conseguir la autorización para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo que precisaría de una reforma constitucional para la que el Gobierno no tiene los votos necesarios en el Congreso. El Ministerio de Hacienda deberá elaborar unos Presupuestos que amplían el gasto, en parte por los compromisos de inversiones alcanzados con los grupos parlamentarios que han facilitado la investidura de Sánchez, y que también aumentan los ingresos, a través de una serie de reformas fiscales que garantizarían una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades (hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos), más una subida de dos puntos en el IRPF para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 130.000 euros, y de hasta cuatro puntos para quienes superen los 300.000 euros. Esta medida afecta al 0,4% de los contribuyentes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende reformar el sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del mismo. El gasto anual en pensiones supera desde hace varios años a los ingresos. El plan del Gobierno de coalición consiste en eliminar algunos gastos impropios de la Seguridad Social y reducir las bonificaciones a la contratación. Además, planean derogar las reformas que aprobó el Gobierno del PP sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, de manera que se garantice su aumento anual similar a la subida del IPC. Sobre este aspecto hay un consenso casi general en la Cámara. Mediante una negociación con los agentes sociales (sindicatos y patronal), el Ejecutivo pretende abordar una serie de medidas que supondrán de hecho la derogación de muchos aspectos, no todos, de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre los retos que se han marcado PSOE y Unidas Podemos están los siguientes: elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores; prohibir por ley la posibilidad de despido por absentismo laboral causado por bajas por enfermedad; los convenios colectivos estarán vigentes hasta la aprobación de unos nuevos; los convenios de empresa no tendrán prioridad en su aplicación sobre los convenios sectoriales. De momento, no hay pactos ni compromisos sobre la eliminación del abaratamiento del despido que aprobaron los Gobiernos de Zapatero (de 45 a 33 días por año trabajado) y de Rajoy (de 33 a 20 días por año trabajado).
Entre los anuncios reformistas del Gobierno de coalición destacan la derogación de la ley de seguridad ciudadana, la regulación por ley de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, y una reforma de la ley de justicia universal. Sobre estas tres reformas, el Gobierno de coalición tiene, en principio, garantizados los votos suficientes. La reclamación de la Unión Progresista de Fiscales para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reducía los plazos de instrucción, se recoge en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos como una de las medidas estrella para luchar contra la corrupción y evitar que esos delitos queden impunes. Contar con los 176 votos necesarios para aprobar esa medida no parece un problema. Al igual que modificar el Código Penal para incorporar como agresión sexual lo que ahora está tipificado como abuso sexual. El nuevo Gobierno quiere “promover los acuerdos parlamentarios de consenso” que permitan la renovación de los órganos constituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. La ley establece una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para acometer esas renovaciones. Sin el concurso del Partido Popular, la renovación de esos órganos está abocada al fracaso. El bloqueo parece, en principio, la opción más probable. El Ejecutivo promete reformar la Constitución para restringir los aforamientos políticos “limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”. Esa promesa coincide con la que hicieron, en distintos momentos de la última etapa política en España, el Partido Popular y Ciudadanos.
En los programas electorales de los partidos con mayor representación en el Parlamento se establecían, con distintos plazos, una serie de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. PSOE y Unidas Podemos anuncian una ley de cambio climático y transición energética para alcanzar en 2050 una generación de electricidad cuyo origen sea 100% renovable; y entre el 85% y el 95% antes de 2040. La derogación de la LOMCE, que el PP aprobó sin consenso durante su etapa de mayoría absoluta, es una de las promesas del Gobierno de coalición. Su nueva ley básica de educación, que necesita 176 votos a favor, pretende eliminar la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes. Así, prohibirán la subvención con fondos públicos a centros que segreguen por sexo. Además, la asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya una asignatura alternativa y su nota no será computable a efectos académicos… Luis Carandell Robusté, echamos en falta, en estos primeros días y noches del 2020, tu crónica parlamentaria de lo acontecido en la capital de España, para añadirla a ‘Celtiberia Show’. En la eternidad me imagino tus debates sobre este nuevo ‘Episodio Nacional’ con Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, cronista y político español del no tan lejano siglo XIX, natural de Las Palmas de Gran Canaria. No habrán faltado pinceladas de Luis y Benito sobre la traición de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien votó en contra de la decisión de sus compañeros de partido y militantes y simpatizantes, de permitir el nombramiento de Pedro Sánchez. Ya no pertenece a los ‘progresistas’ sino a los ‘fachas’. Eso sí, lo hizo por España. ‘Celtiberia Show’.
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