Detienen al primer cómplice de Borge
Por Ramón Uresti Hernández y Sergio López > Quequi
Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, fue detenido ayer por la Policía Ministerial en un evento en la Zona Hotelera de Cancún y trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, para enfrentar el cargo de desempeño irregular de la función pública, presuntamente cometido cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
De acuerdo al fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, Rodríguez Marrufo habría autorizado la venta de terrenos en Tulum, Cozumel, Chetumal y otros puntos del estado, con descuentos de entre el 20% y el 90%, lo que ocasionó un daño patrimonial superior a los 39 millones de pesos.
Esta fue la primera orden de aprehensión ejecutada en contra de algún exfuncionario de la pasada administración estatal, aunque el delito imputado no es grave, por lo que podría alcanzar fianza, en cuanto se realice su audiencia, a no ser que la Fiscalía le añada nuevos cargos, o bien el juez se niegue a determinar una caución.
El secretario general acudió la mañana de ayer a la instalación de la Mesa de Seguridad que se realizaba en la Zona Hotelera, actividad en la que participaban autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluidos el gobernador Carlos Joaquín, y el presidente municipal, Remberto Estrada– además de miembros de la iniciativa privada. Antes que iniciara el evento, alrededor de las 10:30 horas y cuando ya había saludado a un par de personas, Rodríguez Marrufo fue llamado a un lado y escoltado a otro lugar del hotel, donde se procedió a su detención.
La orden de aprehensión que era ejecutada provenía del juez segundo de lo penal de Chetumal, motivo por el que las autoridades certificaron médicamente al funcionario y procedieron a trasladarlo a la capital del estado, donde arribó aproximadamente a las 4:00 de la tarde.
Mauricio Rodríguez Marrufo llegó en primer lugar a la sede de la Fiscalía, fuertemente custodiado por ministeriales a bordo de un coche rojo, que ingresó por el área de patrullas hasta el interior del edificio, para ser nuevamente certificado médicamente.
De allí fue llevado a toda prisa en vehículos alternos hasta el Cereso de la ciudad, donde quedan los juzgados; sin embargo, por ser día inhábil fue recibido por la guardia del Juzgado de Control de Procesos, mismo que ordenó su reclusión al interior del penal, en donde se espera que rinda su declaración preparatoria en el transcurso de los próximos días.
El despacho jurídico Andrade & Andrade, que se hará cargo de la defensa del funcionario municipal, estuvo presente en estas diligencias, intentando en todo momento obstruir la labor informativa de los medios de comunicación, además de aseverar que, por ser un delito no grave, solicitarán la libertad bajo fianza en cuanto se dé la audiencia, además de un amparo para enfrentar este proceso fuera de la cárcel. Incluso, la pena contemplada en la ley puede ser una multa.
Los defensores también adujeron que el caso no está bien sustentado, porque todas las ventas realizadas fueron autorizadas por el Congreso del Estado.
De acuerdo al fiscal, la carpeta de averiguación, producto de una denuncia presentada por el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, y el secretario de Gestión Pública, Rafael del Pozo, generará hasta 14 órdenes de aprehensión; incluso, otro exfuncionari declaró amparado ante el juez correspondiente.
Aunque no reveló la identidad de esta persona, es posible que sea Paulina García Achach, subsecretaria de Seduvi, bajo Rodríguez Marrufo, y quien lo sucediera en el cargo en agosto y septiembre, cuando éste se integró al equipo de transición del Ayuntamiento electo de Benito Juárez.
Sin embargo, ayer también logró un amparo Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), también involucrada en el remate de la reserva territorial del estado a bajos precios.
Se estima que del total de denuncias presentadas, contra funcionarios de cuatro dependencias de gobierno, se acredita un desfalco de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos.
