Desafía EU a la Corte

Endureció estrategia frente a La Haya.

Estados Unidos
Por Agencias

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una estrategia para desmantelar lo que consideró una amenaza a la soberanía del país por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), según anunció en su momento el entonces secretario de Estado, Marco Rubio. La administración estadounidense aseguró entonces que buscaría impedir que el tribunal ejerciera acciones que pudieran afectar a funcionarios o personal de Estados Unidos.

En un mensaje en video, Rubio afirmó que la CPI fue creada originalmente para juzgar los crímenes más graves, pero sostuvo que con el paso del tiempo se convirtió en una institución «mucho más radical y extrema». El funcionario aseguró que el gobierno de Trump no permitiría que el organismo internacional amenazara a ciudadanos estadounidenses, especialmente a integrantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, la Casa Blanca analizó diversas medidas para presionar a la Corte, entre ellas prohibiciones de viaje, revocación de visas, un endurecimiento de las sanciones contra funcionarios y organizaciones vinculadas a la CPI, así como una ofensiva diplomática para persuadir a otros países de abandonar el tribunal.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que «ninguna opción diplomática quedaría descartada» dentro de la campaña para contrarrestar la influencia de la Corte Penal Internacional. Por su parte, la portavoz de la CPI, Oriane Maillet, evitó pronunciarse sobre las declaraciones y señaló que el organismo no haría comentarios sobre el asunto en ese momento.

Estados Unidos nunca formó parte de la Corte Penal Internacional y, tanto Donald Trump como anteriores administraciones, incluida la del expresidente George W. Bush, rechazaron que el tribunal tuviera jurisdicción para investigar o juzgar a ciudadanos estadounidenses.