Denuncian ejidatarios despojos de tierras por 750 mdp

Por Redacción>Quequi
El problema de los terrenos ejidales, con las invasiones, ventas amañadas, despojos, entre otros, obedece a la corrupción galopante entre funcionarios de los tres niveles de Gobierno, jueces, y hasta autoridades ejidales que por ignorancia o ambición económica se prestan a celebrar asambleas fuera de toda legalidad.
La periodista Lilia Arellano con sus compañeros de oficio, Jorge González Durán, Hugo Trejo, Georges Goubert y el ex presidente municipal, Carlos Cardín, platicaron con los ejidatarios de Alfredo Vladimir Bonfil Armando Ortega y Pedro Vázquez, quienes denunciaron el despojo de 500 hectáreas, con valor aproximado de 750 millones de pesos.
Denunciaron que el 9 de agosto del 2014 , sin el consentimiento de la Asamblea Ejidal ni de los propietarios de los ejidos, se vendieron esos terrenos en maniobras legales desconocidas, pues además de no estar autorizados para ello, se desconoce datos de la compra-venta aunque, están casi seguros que se trata de Armando Palma, a quien apodan “la Gavota Palma”, a través de sus comisariados ejidales. Explicaron que a pesar de que la afectación de esa venta solo fue hacia 35 integrantes, el resto de los 208 ejidatarios levantaron la mano para aprobar una venta ilegal por no constituirse a través de una asamblea dura, en donde tendrían que participar el 75% de los ejidatarios.
Explicaron que las tierras, con vocación ganadera o para la siembra, estuvieron paradas, con poco valor, durante casi 30 años, hasta que el ex gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, habló del proyecto de construir un autódromo en esa zona, con lo cual, especuladores compraron las tierras que empezaron a ganar valor, incluso, en esa franja de terrenos empezaron a construir desarrollos de alta plusvalía.
El problema de los ejidos, tal como pasó en Isla Mueres, Playa del Carmen u otros puntos del país, es que son rebasados por el crecimiento de la ciudad, en esta caso Cancún, en donde al no tener para donde crecer, la tierra tuvo más valor para urbanizar que para sembrar, además de que son utilizadas con fines políticos provocando invasiones, como pasó con a exalcadesa y presidenta del Frente Único de Colonos (FUC), Magaly Achach Solís, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, y tantos políticos
La complicidad y compra de “conciencias” llegó al Registro Agrario Nacional (RAN) que pesar de que no se ha demostrado la legalidad en la venta de las 500 hectáreas ya expidió títulos de propiedad, le retiraron el régimen ejidal y lo escrituraron.
Pero las complicaciones agrarias van desde 1999, cuando por instrucción presidencial se creó e Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), a través de cual se ordenó a todos los Estados regularizar, de manera gratuita, todos los asentamientos irregulares que por cierto, la mayoría se ubican en parcelas ejidales. Con ello se acordó, en coordinación de los tres niveles de gobierno, entregar títulos de propiedad en un trabajo coordinado entre la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el Registro Agrario Nacional (RAN), y autoridades municipales, no obstante, los mismos funcionarios de dichas dependencias federales junto con la Procuraduría Agraria cobraron 50 pesos por metro cuadrado regularizado, con lo cual, a un solo predio le sacaron ganancia de hasta 20 mil pesos.
Bajo esa premisa celebraron la Asamblea en donde había consenso para regularizar el polígono 9, en donde se ubicaban los asentamientos irregulares, pero aprovecharon para desincorporar las 500 hectáreas en disputa, que formaban parte de los polígonos 8 y 10, porque ya estaba anunciado el Fórmula 1.
Derivado de toda esa venta ilegal en donde solo cinco ejidatarios emprendieron la lucha legal por recuperar su propiedad, interpusieron dos juicios, uno agrario y el otro mercantil, pero aunque los ex gobernadores están metidos, el enemigo está en su casa en el grupo que se turna el poder en la presidencia del comisariado ejidal, el secretario, tesorero o delegado del ejido, quienes en cada nueva asamblea solo se rolan los cargos con la anuencia de ejidatarios que reciben pagos por su voto, incluso, en tres años Gerardo Carreón Contreras, quien es actual delegado, será el próximo Comisariado Ejidal.
Aún con claras señales de actos ilegales, es difícil regularizar la situación porque hay intereses muy grandes, como la apertura de la avenida Guayacán, que provocó incremento en el precio de la tierra de hasta dos mil pesos el metro cuadrado, lo cual dio un nuevo boom a la zona del cual no se beneficiaron los ejidatarios porque antes se había formado una inmobiliaria.
Al contrario, aunado a su problema de fraude, los ejidatarios tienen encima un embargo fiscal por alrededor de 600 millones de pesos en 250 hectáreas que están por salir a subasta, derivado del adeudo en el pago de impuestos como ISR, IETU que se desprendían de cada venta, y aunque a los ejidatarios se les descontó, no los reportaron al fisco. Este conflicto fiscal surgió en el año 2012 cuando desincorporaron del régimen ejidal 2,168 hectáreas para formar la sociedad mercantil “Sociedad Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo”, con un consejo de administración integrado por dos funcionarios de gobierno y tres representantes ejidales.