Defiende dirigente de Morena la propuesta para el Inegi entre a viviendas a verificar el patrimonio de los mexicanos

Luego de la polémica generada por la propuesta de “plan de bienestar y lucha contra la desigualdad”, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que él está proponiendo que los que tienen grandes fortunas deben de pagar más impuestos, pues los que más tienen «deben de ser más solidarios» y no todo debe de descansar en la clase media y la gente pobre.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que las personas con grandes fortunas no pueden pagar las mismas tasas de intereses que las clases medias.

«Los países están estableciendo diagnósticos y accesos a fuentes de datos para ver cómo se tasan las grandes fortunas; esto es un gran avance y esto nos ayudará a decir cuáles son los umbrales y las grandes fortunas empezarían a pagar una tasa distinta a la que nosotros pagamos», dijo.

Agregó que él está sugiriendo que el Inegi mida las grandes fortunas y la concentración del ingreso.

«Yo creo que no estamos frente a una policía que está investigando o va estar diciendo el patrimonio de las personas, simple y sencillamente es un diagnóstico de un fenómeno muy lacerante que es la concentración de la riqueza o de las grandes fortunas para que de ahí se deriven políticas públicas que permitan reducir esta gran brecha de la desigualdad», comentó.

Agregó que si no hay progresividad fiscal, no hay posibilidad de elevar la prosperidad y darle movilidad social a los mexicanos; añadió que si no hay un Estado con una recaudación y fortaleza fiscal y financiera fuerte, nunca se va a sacar adelante el estado de bienestar que siempre se ha anhelado.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara la propuesta de Morena de que el Inegi revise el patrimonio de la población, Ramírez Cuellar señaló que nadie está proponiendo que se dé a conocer el patrimonio de las personas.

Señaló que está de acuerdo con el presidente y que no toma la aclaración que hizo como una descalificación en su contra.

“Si hay una persona defensora del patrimonio de la privacidad de las persona, yo me visto como esa persona… El presidente tiene razón de que no es corrector andar dando a conocer el patrimonio de las personas», comentó.

Durante la conferencia matutina, el presidente descalificó la propuesta de Morena de dar mayores facultades al Inegi con el objeto de revisar el patrimonio de las personas y con ello la progresividad fiscal para que «pague más el que más tiene».

«No creo que sea correcto se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados, no considero conveniente esa propuesta», comentó.

COMUNICADO DE PRENSA

EL BIENESTAR SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS PARA EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO NACIONAL

El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que re-construirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar.

A partir de diversos análisis elaborados por Morena en conjunto con especialistas en la realidad política, social y económica del país, se concluye que el gran Acuerdo implica modificaciones fundamentales a nuestro sistema jurídico, en los siguientes aspectos:

PRIMERO:

El ESTADO DE BIENESTAR, como concepto y propósito, debe quedar plasmado de manera explícita en nuestra Carta Magna, señalando los sistemas de protección universales que se deriven del mandato constitucional. Son los nuevos sistemas que trascienden programas parciales y sintetizan y aseguran derechos ineludibles para todos los mexicanos.

Se trata de convenir la construcción del NUEVO ESTADO que habrá de emerger de la crisis que estamos padeciendo. Se busca dar certeza nacional de lo que será la nueva normalidad.

SEGUNDO:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance.

Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza.

La información por Deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X Decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.

Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.

El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

TERCERO:

La Progresividad Fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar. La proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes. La progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.

La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el ESTADO DE BIENESTAR sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen. Sólo la fortaleza fiscal y financiera de los estados puede financiar sustentablemente y con ingresos recurrentes verdaderos sistemas de salud, de educación y de protección del empleo y de generación de riqueza.

La racionalidad de los gastos del gobierno se convierten en un imperativo. Pero un Estado austeramente pobre tiene con grandes limitaciones para convertir el Bienestar universal en una política de Estado.

CUARTO:

Se debe de constituir un Consejo Fiscal o un organismo con autonomía y profesionalismo y dependiente del Congreso de la Unión que esté midiendo y evaluando permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano.

El país requiere de un organismo que tenga la responsabilidad de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor vulnerabilidad presentan. Tendrá la obligación de informar si la calidad de los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando para generar riqueza y prosperidad nacional.

Al mismo tiempo, dicho organismo deberá mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales para garantizar la permanencia y la extensión de los sistemas de protección derivados del mandato constitucional.

QUINTO:

La Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana.

El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.

Buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.

La COFECE debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados. Pero, además, a la Comisión de Competencia se le tienen que dar mayores facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.

Estos cinco cambios Constitucionales nos ayudarían a sentar las bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país.

El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este gran diálogo y Acuerdo de unidad y de solidaridad nacional.

Signado por Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena.

Con información de El Imparcial