Declara la SCJN inválida la ‘Ley Bonilla’

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echaron para atrás la llamada “Ley Bonilla”.

En su primera sesión virtual, los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco, que acepta las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con esto, el gobernador Jaime Bonilla no podrá ampliar de dos a cinco años su periodo de mandato.

Fraude constitucional

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, aseguró que las modificaciones que hiciera el Congreso de Baja California son un “fraude constitucional” y que se deben respetar las elecciones y la voluntad popular.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo.

Zaldívar Lelo de Larrea, insistió en que los ciudadanos no dan un “voto en blanco” y que no se pueden modificar los plazos.

“Se fraguó un fraude a la Constitución. No es un término retórico Los ciudadanos no votamos en blanco, votamos por una persona y por un plazo. Esto significa un fraude postelectoral”.

El ministro presidente afirmó que existe un efecto “corruptor” en la forma en la que actuó el congreso de Baja California.

“La aprobación vulnera la esencia del proceso democrático, como forma de limitación del poder. Las violaciones son muy graves y cada una de ellas sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma, pero interrelacionadas ponen de manifiesto un fraude a la Constitución. Un efecto corruptor de rango constitucional. Se llevó un maquinación para burlar la voluntad popular, corrompiendo el principio democrático. Violaciones constitucionales no se pueden sostener por encuestas”.

Cercanos a la 4T en contra de ampliar mandato

Yasmín Esquivel, ministra nombrada durante esta administración y pareja sentimental del asesor de la presidencia José María Riobóo, dijo que aceptar la ampliación de mandato daría pauta para “caprichos” de quienes buscan vulnerar la Carta Magna.

“Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, explicó.

Incluso dijo que con este precedente se busca que no haya maniobras legales para que ninguna autoridad se perpetúe en el cargo.

Es un fraude a la ley. Esta votación es un precedente para evitar que cualquier autoridad, municipal, electoral o federal se perpetúe en el cargo con maniobras legales. No se debe violentar la voluntad popular: Yasmín Esquivel.

La ministra Margartia Ríos-Farjat, quien fuera titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó que es inconstitucional la reforma de Baja California.

«No sólo contraviene principios constitucionales, los minimiza, la verdad se está soslayando la Constitución local y federal. Queda en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia».

“Comparto que se configuró un fraude a la Constitución. Es indignante la ley impugnada”: Ríos-Farjat.

Derecho al sufragio y no reelección

Juan Luis González Alcántara argumentó que la aprobación del octavo transitorio del artículo 112 de la Constitución de Baja California atropella el derecho al sufragio.

“La aprobación atenta contra la certeza electoral de promulgar los cambios 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Esto atropella el derecho al sufragio”, dijo.

El ministro Luis María Aguilar afirmó que no se debe permitir la reelección en el Estado mexicano.

«Así, durante muchos años la no reelección fue entendida como un cláusula pétrea y desencadenó la lucha revolucionaria que tantas vidas costó al país y sobre todo, tras un largo proceso de consolidación, delineó los contornos básicos de lo que hoy somos. No obstante, algunas permisiones, para algunos otros cargos la prohibición de la figura de la no reelección prevalece, de manera absoluta, para quienes se desempeñan como titulares del poder Ejecutivo. Y no podrán ocupar el cargo más allá del tiempo del que fueron votados».

Aseguró que si no se da marcha atrás a la aprobación del congreso local, podría regular otros procesos.

«Si como en el caso se pretende hacerlo después de que se expreso la voluntad ciudadana, conforme a una serie de reglas previamente establecidas, incluido, en primerísimo lugar, quien resultó ganador y no podrían ser modificadas para estar persona, sino que en todo caso, podrían quizá, regular procesos posteriores. Así, insisto, prorrogar el poder político implica pretender que no existiera una verdadera contienda y, por tanto, se convertiría en una reelección disfrazada», dijo.

Certeza del voto

Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dijo que con la aprobación de las modificaciones es violentar la certeza jurídica del voto.

“Por lógica, si está vedado modificar las leyes que regulan la materia electoral 90 días previos al proceso electoral, por mayoría de razón no es posible modificarlo ya que se lleva a cabo la reelección”.

La reforma al variar el término de encargo violentó de manera sustantiva, los principios de certeza y legalidad jurídica: Pardo Rebolledo

Para el experto en derecho electoral, Arturo Espinosa Silis, el fallo de la SCJN en contra de la Ley Bonilla es una expresión de la funcionalidad de los contrapesos que existen entre poderes.

“Esta es una de las sentencias más importantes de la SCJN en cuanto a órgano constitucional y defensor de la democracia. No solo porque cumplió su función de defensor del orden constitucional, sino porque además mostró ser un auténtico contrapeso a otros poderes del Estado. Lo resuelto por los ministros y ministras de la SCjN es contundente en Baja California se buscó hacer un fraude a la Constitución, se puso en riesgo la democracia y se violento el mandato ciudadano expresado en las urnas”, indicó.

Comentó que a partir de este fallo la gubernatura de Bonilla tendrá una duración de 2 años. Concluirá en 2021 y, por tanto, previamente deberá haber elecciones para elegir nuevo gobernador o gobernadora.

Con información de Expansión