Darán cuello a Solaris

Redacción>Quequi

La presión mediática y de grupos ambientalistas, así como el evidente daño al entorno ecológico, además del primer amparo en su contra, tirarían esta semana el proyecto Gran Solaris Cancún, tras detectarse que la licencia de construcción fue otorgada antes de que saliera la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con ello, se conocieran las condicionantes que debía cumplir el desarrollador por tratarse de un predio ubicado en una zona de anidación de tortugas.

Lo anterior luego de que la semana pasada se sumaran a las voces en contra del proyecto, representantes de Greenpeace y el Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes sustentaron su rechazo al proyecto por la afectación que provocaría en la duna costera.

En este marco, este domingo continuaron las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía en Playa Delfines en contra del proyecto, para lo cual se mantiene también la recolección física de firmas para sustentar la petición a la Federación para que revoque el proyecto, que esta semana entraría en su punto más álgido y con ello se estaría dando marcha atrás a las autorizaciones otorgadas a nivel municipal, en este caso, la licencia de construcción.

De cara al proceso electoral que se avecina, la batalla por la construcción del hotel Gran Solaris Cancún en Playa Delfines amenaza con convertirse en una dura batalla entre los partidos políticos, pues la diputada federal Ivanova Pool Pech ya pidió la revisión del mismo en busca de echarlo atrás, acusando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de estar detrás de las autorizaciones.

Ante este panorama, la representante del Movimiento Social en Pro de los derechos del Pueblo y apoderada legal de los Guardianes del Manglar Cancún, Katerine Ender Córdova, consideró que al suspenderse el proyecto, el inversionista como tercer afectado habría sido timado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como sucedió en el pasado con Bi&Di, que hoy en día tiene seis resoluciones sancionatorias en Malecón Tajamar.

DEFIENDEN EL AMBIENTE

La ambientalista pidió al Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) (del que forma parte el inversionista del proyecto), respetar su trabajo en beneficio de la ciudadanía, pues la defensa del medio ambiente también beneficia a sus afiliados, ya que no son grilleros ni alborotadores, ni están al margen de la ley.

Además, dijo que el tema se va a resolver en la PGR no como algunos empresarios han entendido, de hacerlo bajo el agua, pues su finalidad es 100% abierta, clara y transparente, donde lo único que quieren es que se respete la voluntad del pueblo, que tiene el derecho elegir si quiere o no más hoteles, en lugar del grupo que siempre ha manejado los derechos de Quintana Roo.

Sin embargo, aclaró que el tema del amparo quedará de lado por el momento, en espera de que concluya el proceso de las dos denuncias interpuestas ante la Profepa y PGR, pero estudiando la posibilidad de interponerlo, debido a que la Profepa no ejecutó las medidas cautelares solicitadas.

De entrada, solicitan que se procese a los responsables por haber manipulado a las tortugas que no habían eclosionado, debido a que los propietarios querían adueñarse de una franja de seis metros por 15 en busca de apropiarse de la franja de dos kilómetros de frente de playa, dentro de la cual quedaba el corral, por lo cual se movieron los huevos.

Lo anterior, quedó en evidencia el día de la inspección de la policía ministerial, cuyos elementos midieron la zona y vieron que se empezaron a colocar los supuestos permisos que ya tenían, en la que no aparecen los datos que normalmente deben tener este tipo de proyectos, como tipo de desarrollo, hotel, encargado y licencias.

Sin embargo, aseguró que los permisos que tienen sólo sirven para la delimitación del predio, en espera de iniciar la construcción una vez que eclosionen las tortugas, lo cual ha llevado a que el caso se convierta en tema de interés nacional, por lo que la carpeta de la demanda en la PGR está en estudio por parte de la delegación de la Profepa, porque hay cosas que no están bien y hay que esperar cuál fue la inconsistencia que vio la autoridad.

Además, reiteró que las licencias fueron mal sustentadas, porque el área es duna costera y afecta a las tortugas enlistadas en la NOM 059-Semarnat-2010 en categoría de especies en peligro de extinción, así como a los chorlitos que están en el área característica de ese tipo de especies, siguiendo un proceso similar al de Tajamar, donde se otorgaron licencias y permisos sin alinearse al debido procedimiento de respetar la flora y fauna y áreas que no pueden tocarse. Puntualizan que los dueños del predio como terceros afectados, tendrán que recurrir a demandas contra el Fonatur, como lo hizo en su momento Bi&Di por La Herradura, por lo que podrían reclamar que se les reembolse lo que pagaron.