Crece arcas Sintra, con extorsiones

Por Raimon Rosado>Quequi

La Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (Sintra) ha hecho del acoso y extorsión de transportistas una práctica cotidiana para crecer sus arcas, como lo demuestra su estrategia de acortar a un mes el “periodo de gracia” para que éstos renueven sus permisos de circulación.

Así lo denunciaron varios afectados de este rubro, quienes señalan que los inspectores de Sintra se ubican en puntos estratégicos de la ciudad y carreteras, para exigirles “mochadas” de entre 3 mil y 5 mil pesos, bajo amenaza de recibir multas por hasta 20 mil pesos.

Los transportistas, que detallaron el acoso que sufren bajo condición de anonimato, exigieron saber por qué el titular de Sintra, Jorge Portilla Mánica, redujo drásticamente el plazo con que cuentan para renovar sus permisos, de tres a apenas un mes. Los permisos de 2016 con los que cuentan tienen como fecha de expiración el 31 de marzo de este año, lo que no es respetado.

La medida sólo sirvió para fomentar la corrupción, pues desde el 1 de febrero, los inspectores se lanzaron en “cacería” de vehículos de carga, sobre todo en las salidas de la ciudad hacia Chetumal y Mérida, para prohibirles la circulación, “por órdenes de la dirección general” a todos las unidades cuyos permisos vencieron el 31 de diciembre; pese a que en todos los años anteriores, los transportistas tenían hasta marzo para renovar este documento.

Los inspectores, en particular los de las unidades P-11 y P-13, advierten a los concesionarios que recibirán una multa por encima de los 20 mil pesos, para de inmediato darles la opción de “solucionarlo” en el lugar, con un pago “a la mano” de entre 3 mil y 5 mil pesos. Desde luego, por esta cooperación no se les entrega comprobante alguno.

Cómplices de esta situación son las grúas de Peca, Cardona y Riviera, quienes participan en estos operativos y están prestos para remolcar a los vehículos de quienes se nieguen a acceder a esta extorsión, sin tabulador alguno.

Esta irregularidad al parecer es solapada por el titular de esta área, Alejandro Ramos Hernández, quien hace algunas semanas se jactó que en cuatro meses de gestión habían cumulado más de 50 millones de pesos en multas, producto de este terrorismo fiscal, que es aparte de los muy redituables operativos que aplican contra Uber, en contubernio con los taxistas y que han resultado en golpeados e incluso un fallecido.