Corte Suprema de EU extiende ‘pausa’ sobre ley antimigrante de Texas
La orden emitida por el juez Samuel Alito extiende la suspensión hasta el próximo lunes, un día antes de la expiración de la suspensión anterior.
Estados Unidos prolongó el martes la pausa de la ley en Texas que facultaría a sus agentes detener a migrantes acusados de cruzar ilegalmente la frontera, mientras se avecina un enfrentamiento sobre la autoridad en materia de control de migración entre autoridades federales y estatales.
La orden emitida por el juez Samuel Alito extiende la suspensión hasta el próximo lunes, un día antes de la expiración de la suspensión anterior. Este tiempo adicional otorga a la Corte una semana más para evaluar lo que sus detractores consideran el intento más extremo por parte de un estado de controlar la migración desde la derogada ley de Arizona, parcialmente anulada por la Corte Suprema en 2012.
El juez de distrito estadunidense David Ezra previamente había declarado inconstitucional la ley el mes pasado, censurándola en un fallo de 114 páginas que también rechazaba las afirmaciones de los republicanos de Texas sobre una supuesta «invasión» en la frontera sur. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones suspendió esa decisión, llevando al Departamento de Justicia a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó la ley, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 4, en diciembre pasado. Esta forma parte de las medidas intensificadas a lo largo de la frontera estatal con México, explorando los límites de las acciones estatales para evitar cruces ilegales tras alcanzar niveles récord.
La legislación otorgaría a los jueces locales la facultad de ordenar a los migrantes arrestados abandonar el país o enfrentar cargos por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Aquellos que no cumplan con la orden podrían ser arrestados nuevamente y enfrentar cargos más graves.
El Departamento de Justicia, en su apelación ante la Corte Suprema, argumentó que la ley alteraría significativamente el «status quo» en la relación de Estados Unidos en materia de migración durante casi 150 años. También se afirmó que obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y perjudicaría las relaciones con México.