Contrato de PROAM por 224 MDP en el ISSEMyM, bajo señalamientos de sobreprecio y un presunto pago de 50 MDP
La empresa obtuvo la contratación para prestar servicios de limpieza durante 2026; trabajadores han denunciado adeudos salariales y existen señalamientos no acreditados sobre un supuesto sobreprecio y un presunto pago de 50 MDP.
ESTADO DE MÉXICO.— PROAM Administración, S. de R.L. de C.V., empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza, recibió durante 2026 un contrato del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por 224 millones 160 mil 300 pesos.
El contrato, con vigencia del 23 de enero al 31 de diciembre de 2026, contempla la prestación de servicios de limpieza, incluyendo personal y materiales, en distintas instalaciones médico-administrativas del instituto. La información sobre el monto y la vigencia también ha sido referida en reportes sobre el conflicto laboral que enfrenta la empresa.
La contratación ha quedado bajo escrutinio a partir de las denuncias de trabajadores y de otros señalamientos que, hasta ahora, no han sido acreditados documentalmente.
Señalamientos sobre un supuesto sobreprecio
Fuentes relacionadas con el sector sostienen que el contrato habría sido adjudicado con un precio superior en más de 25 por ciento respecto de referencias comparables del mercado.
Sin embargo, este porcentaje no ha sido acreditado con la documentación pública revisada hasta ahora. Para determinar si existe realmente un sobreprecio sería necesario comparar, bajo condiciones equivalentes, las propuestas económicas, el número de trabajadores, materiales, frecuencias de servicio, instalaciones y demás obligaciones establecidas en el contrato.
De confirmarse una diferencia de esa magnitud, el impacto económico representaría decenas de millones de pesos sobre un contrato de 224.16 millones.
Trabajadores denuncian adeudos
Mientras la empresa mantiene vigente el contrato con el ISSEMyM, trabajadores que realizan labores de limpieza en unidades médicas han denunciado presuntas irregularidades laborales.
Desde febrero, empleados han señalado problemas relacionados con salarios y prestaciones, comprobantes de nómina, afiliación al IMSS, uniformes, insumos y equipo de protección. De acuerdo con reportes periodísticos, las inconformidades llevaron incluso a solicitar una inspección laboral extraordinaria.
El conflicto volvió a hacerse visible este 21 de septiembre, cuando trabajadores de PROAM se manifestaron en la caseta de La Venta, sobre la autopista México-Toluca, para reclamar el pago de salarios que, según los inconformes, permanecían pendientes.
La protesta provocó un cierre parcial de la circulación en dirección a la Ciudad de México y los manifestantes solicitaron la intervención de las autoridades para atender el conflicto laboral.
Guillermo Solís y la Oficialía Mayor
PROAM Administración ha sido identificada públicamente en diversos reportes como una empresa propiedad del empresario Guillermo Solís.
En torno al caso también han surgido señalamientos que mencionan a Mónica Chávez Durán, quien actualmente ocupa el cargo de Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, de acuerdo con documentos oficiales publicados en la Gaceta del Gobierno estatal.
No obstante, la sola mención de un funcionario en señalamientos relacionados con una contratación no acredita por sí misma participación irregular ni responsabilidad alguna.
El supuesto pago de 50 MDP
El señalamiento más delicado alrededor del caso sostiene que presuntamente se habrían entregado 50 millones de pesos en efectivo para favorecer o proteger intereses relacionados con la contratación.
Hasta ahora, esta acusación no ha sido acreditada públicamente con documentos o pruebas que permitan establecer que el supuesto pago ocurrió. Por ello, debe mantenerse como un señalamiento pendiente de comprobación.
Un contrato que requiere revisión
El caso reúne elementos que ameritan revisar con detalle la contratación y su ejecución: un contrato público por 224.16 millones de pesos, denuncias laborales de trabajadores, una protesta por salarios pendientes y señalamientos sobre un supuesto sobreprecio y un presunto pago de 50 millones de pesos.
Una revisión integral debería permitir conocer cuánto ha pagado efectivamente el ISSEMyM a PROAM, cómo se integró el precio contratado, cuánto corresponde a nómina y seguridad social, cuánto a materiales y cuál ha sido el nivel de cumplimiento del proveedor.
Más allá de los señalamientos, el punto central es el destino de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales vinculadas con un servicio que se presta en instalaciones donde diariamente son atendidos pacientes y trabajadores.
