Congreso se ahoga en su lado
CANCÚN
Por Mario Morales Cruces > Quequi
Cae en contradicciones y en discurso demagógico el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, al pretender negar que redactó una reforma de ley que beneficia a exfuncionarios, en particular a exgobernadores, al ampliar el tiempo con el que pueden gozar de escoltas, pagados por el pueblo.
Este medio dio a conocer, en su edición de ayer, que la Ley de Seguridad Pública fue modificada de forma tal que, de ocho años como máximo que se podían autorizar escoltas a ex funcionarios, se pasó hasta el doble del periodo que fungieron en el cargo, que en el caso de exgobernadores es de 12 años.
La ley, en su redacción original (tal como se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2013), señala en su Artículo 53 que “la protección se otorgará hasta por ocho años”.
Esto fue derogado el año pasado. Hoy este mismo artículo reza: “La protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad”.
Con esta acción, la XV Legislatura pasó de otorgar escoltas hasta un máximo de ocho años, a otorgarlas un máximo de 12 años más para exgobernadores. Esto es innegable y para ello basta con consultar la ley, tal como está publicada hoy y cómo estaba antes.
Sin embargo, el Congreso del Estado realizó un intento por desmentir esta verdad evidente, al emitir un comunicado en el que, demagógicamente, recalcan que, al contrario, a los escoltas “se les acotó su temporalidad”.
Para ello, recurren a la efímera reforma de ley aprobada por la Legislatura anterior, en julio del año pasado, que otorgaba escoltas para exgobernadores de forma automática e irrevocable por 15 años, algo que dicen que “revirtieron”.
Esto es falso, pues para revertir se debe regresar al estado de cosas anterior, lo que no se dio en este caso. En lugar de regresar al artículo tal como estaba redactado (máximo ocho años), decidieron otorgar escoltas hasta por dos periodos de seis años, lo que por donde se vea es una cantidad mayor que lo que la ley originalmente contemplaba.
DANZA DE CIFRAS
La anterior es una treta que los diputados locales están acostumbrados a realizar, pues el mismo juego de palabras aplica con el presupuesto, incrementado de forma escandalosa, pero presentado como una “reducción”.
De 340 millones de pesos en 2016, pasaron a 435 millones de pesos este año. Esto es un aumento de 28% que es presentado absurdamente como una “reducción”.
Ello, porque igualmente, la Legislatura anterior aprobó un incremento en el presupuesto hasta los 700 millones de pesos, lo que fue supuestamente “revertido” por los actuales diputados, pero que mañosamente, en lugar de regresarlo a la cifra original, decidieron conservar un incremento, totalmente injustificado, de 95 millones de pesos.
Cabe destacar que el número de diputados es el mismo, al igual que sus funciones. No había motivo alguno para aumentar en tal medida los recursos al Poder Legislativo. Sin embargo, esta voracidad es presentada de forma cínica como un “triunfo”, ¡por no haber sido tan grave como la de sus antecesores!
DEFICIENTE LEY
Con apenas 12 días en el cargo, los 25 integrantes de la XV Legislatura sesionaron el pasado 15 de septiembre de 2016, para someter a votación una iniciativa, ingresada y firmada por el nuevo presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, junto a los demás cabecillas de la “nueva mayoría”: Mayuli Martínez Simón, de Acción Nacional; Emiliano Ramos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Mario Villanueva, de Encuentro Social; Juan Ortiz, todavía del Movimiento Regeneración Nacional, previo a su expulsión por corrupto; Javier Padilla, de Nueva Alianza; y Juan Carlos Pereyra, exPRI y ahora independiente.
Esta iniciativa se presentaba como una de las primeras acciones para revertir el “paquete de la impunidad”, avalado por los diputados del periodo anterior; sin embargo, el documento, que fue aprobado de forma unánime, trae serias deficiencias en su redacción, para intencionalmente o no, favorecer a exmandatarios, principalmente Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, por ser quienes actualmente gozan de escoltas pagados por el gobierno.
En su Artículo 51, se afirma directamente que el gobernador tendrá derecho a gozar de escoltas, “de manera automática, así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo”. Aquí no se menciona nada de algún comité evaluador. Tampoco se habla de alguna temporalidad.
Para recalcar lo anterior, en el siguiente artículo, donde se aborda el comité, se señala que ellos están para evaluar las solicitudes de “cualquier otro funcionario” (no el gobernador).
La temporalidad apenas se aborda en el Artículo 53, donde se establece que “la protección se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable por un término igual, en tanto que el interesado acredite ante el comité correspondiente que subsista la necesidad”.
Dejando de lado que no se regresó la ley a los ocho años que establecía como máximo, queda el vacío de que la asignación de escoltas al gobernador es en automático, sin mención alguna de una prórroga o temporalidad.
También está el hecho de que para obtener una prórroga el interesado debe acreditar la necesidad del mismo ante el comité, en lugar de que el comité decida la conveniencia de esto. Estrictamente hablando, no es discrecional.
Cuestionado ayer sobre este punto, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, cayó en un error al afirmar que con Félix González Canto, que ya cumplió seis años desde el fin de su mandato y que solicitó una prórroga, no tiene derecho a escoltas.
“No hay nada que obligue hoy al estado a seguirle prestando el servicio de escoltas, no hay absolutamente nada. Él tiene derecho a solicitarlo, pero la Comisión que revisa estos casos depende de Secretaría de Gobierno, pero no está obligada. La Ley es muy clara: Ya concluyó la obligación que tenía el estado de prestarle al ex gobernador este servicio”, declaró el diputado.
Esta afirmación es imprecisa, pues si el exgobernador acredita esta necesidad, el gobierno, en teoría, estaría obligado a conceder esta protección.
ESCOLTAS AL POR MAYOR
Un último punto en el deficiente Decreto 3 de Martínez Arcila y sus colaboradores, es el Artículo 54, que señala el número de escoltas a ser asignados a un exfuncionario. En lugar de asignar una cifra concreta para cada nivel o un máximo absoluta, indica que este número no podrá ser mayor a la mitad de los que se gozaba cuando estaban en funciones.
Con ello, gobernadores en funciones fácilmente pueden asignarse un número exagerado de “guaruras” poco antes de dejar el cargo, para así obtener cualquier cantidad que deseen.
Clara muestra de esto es el caso de Roberto Borge Angulo, que obtuvo, a través de esta ley, 36 escoltas que cobran mensualmente de las arcas quintanarroenses. Félix González Canto, en cambio, que utilizó una ley anterior, cuenta con 12 escoltas.
Tales son los absurdos en los que caen los diputados de la XV Legislatura, encabezados por Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Los documentos así lo señalan y pueden ser vistos por cualquiera. Esos nadie los desmiente.
