Comisión de Energía en San Lázaro aprueba reforma a Ley de Hidrocarburos

La Comisión incorporó una adición con el propósito de salvaguardar el debido proceso en la suspensión de permisos en materia de de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor y diez en contra la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Hidrocarburos que, entre otros aspectos, prevé la suspensión de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos cuando se prevea un “peligro inminente” para la seguridad nacional, energética o para la economía.

No obstante, los legisladores incorporaron una adenda con el propósito de salvaguardar el debido proceso en la suspensión de permisos.

“La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario, indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso. Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes”, establece la adición.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en la sesión ordinaria de este miércoles.

El presidente de la comisión dictaminadora, Manuel Rodríguez, de Morena, subrayó que la adenda permite dotar de certeza jurídica el procedimiento y salvaguardar el debido proceso para dar certidumbre a las inversiones.

El legislador priista Enrique Ochoa reconoció el avance logrado con la adenda, pero sostuvo que resulta incompleta.

“Por un lado, se modifica el artículo 59 bis para establecer un procedimiento de debido proceso, de escuchar a los terceros, de no afectar a los consumidores, de establecer tiempos razonables para la suspensión de un permiso, y por otro lado el artículo sexto transitorio establece la revocación de todos los permisos en el sector hidrocarburos sin debido proceso”, advirtió.

En ese contexto, el diputado panista Justino Arriaga anticipó que la reforma será objeto de una lluvia de amparos y terminará suspendida por los jueces, como ocurrió con la reforma eléctrica.

“Si va a tener el mismo camino que lo que sucedió con la Ley de la Industria Eléctrica; vendrá una lluvia de amparos, porque aunque lo voten con su mayoría aquí en la Cámara de Diputados y con su mayoría en el Senado, la Ley de Hidrocarburos será detenida por el Poder Judicial”, arengó.

Igualmente, el dictamen prevé la facultad de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos han sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

“Esta propuesta resulta de gran relevancia para la seguridad nacional y energética de México, pues el mercado negro de combustibles impacta de manera sustantiva el mercado lícito de combustibles”, puntualiza el documento.

En materia de política para el almacenamiento mínimo de petrolíferos, la iniciativa presidencial plantea incorporar como obligación para el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que, en su caso, cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, considera establecer la negativa ficta al transcurrir el plazo establecido en las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, brindando mayor seguridad al Estado y la sociedad, en razón de evitar que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético.

Según las consideraciones de la comisión, la reforma busca garantizar la seguridad y la soberanía energéticas para proporcionar y asegurar, por medio de las empresas propiedad de la nación, que toda persona pueda satisfacer sus necesidades energéticas en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa.

​LP