Cinco proyectos estratégicos
Por José López > Quequi
Al concluir este ciclo los procesos necesarios para su creación como dependencia, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) cierra su primer año operativo formal con una cartera de cinco proyectos estratégicos y una reserva territorial de 75 mil hectáreas.
Estos procesos consisten en la aprobación de su estructura orgánica en la Junta de Gobierno y la culminación de la Transferencia Patrimonial de IPAE a Agepro, misma en la que se obtuvieron cinco mil hectáreas adicionales de reservas territoriales para el estado, de las que se recibieron del extinto Instituto de Patrimonio del Estado.
En este sentido, el arquitecto Eduardo Ortiz Jasso, director general, expuso que la agencia surgió como una iniciativa del gobernador Carlos Joaquín para aprovechar las oportunidades de inversión privada en el desarrollo del Estado.
“El gobernador Carlos Joaquín tiene la convicción de que Quintana Roo merece una visión a largo plazo en la cual el gobierno, la sociedad y los inversionistas tengan espacio para garantizar la estabilidad y la armonía de todos los quintanarroenses”, agregó.
Ortiz Jasso explicó que el financiamiento privado puede ser para muchos proyectos de infraestructura y servicios públicos una alternativa viable, no sólo por el acceso a recursos privados para la inversión, sino principalmente por las ventajas que el sector privado puede ofrecer en términos de eficiencia, innovación y calidad en el servicio.
Los cinco proyectos estratégicos que actualmente conforman la cartera de la Agencia son: el tren Cancún-Tulum (Tren Maya), el puente vehicular Nichupté, la ampliación y modernización de la carretera federal Tulum-Bacalar, el “Parque de la Equidad” y el “Sistema de Transporte Masivo: Urbano y Turístico”.
Con la Agepro, Quintana Roo tiene una entidad dedicada exclusivamente a encontrar nichos de oportunidad y armar proyectos estratégicos detonadores en los cuales confluyan la acción impulsora del gobierno con la acción detonadora del capital de la iniciativa privada y que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a través de servicios públicos con los más altos estándares de calidad.
