Cierran ejidatarios la carretera federal
CHETUMAL
Por Mayra Cervera > Quequi
Por casi 11 horas se mantuvo bloqueada la carretera federal Bacalar-Felipe Carrillo Puerto a la altura de la comunidad de Reforma, por una manifestación de ejidatarios, generando un impresionante embotellamiento que tenía incomunicado al sur del Estado, hasta que el jefe de la oficina del gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, acudió al lugar y ofreció dos mil pesos por cabeza para retirarse, aunque después que se fueran el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, desconoció este acuerdo y afirmó que no se cederían ante chantajes.
Comuneros de 54 ejidos del municipio de Bacalar, solicitaron días atrás ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) un apoyo económico extraordinario, similar al que se otorgó a campesinos de la zona maya por siniestro de sus cultivos. Al no obtener respuesta, pues no habían entregado su documentación a tiempo ante la aseguradora, cumplieron su amenaza de bloquear la vía federal.
El corte carretero inició desde las 7 de la mañana y se prolongó hasta casi las 18 horas de ayer, lo que perjudicó de forma grave al comercio de Bacalar, que quedó sin proveedores ni turistas. En tanto que quienes venían del norte no podían llegar hacia Chetumal o Yucatán.
El Jefe del Despacho del Ejecutivo, Miguel Ramón Martín Azueta, dejó que pasaran casi 11 horas, durante los cuales se mantenía cerrada, hasta que decidió acudir al lugar para ofrecerles dos mil pesos a cada uno de los aproximadamente dos mil ejidatarios, pago que se entregará este viernes, aunque versiones señalan que entregó cierta cantidad a los presentes, con la firma de un acuerdo.
Es una práctica idéntica a la del ex gobernador Félix González Canto, siempre dispuesto a resolver todos los asuntos con dinero y que ya ha utilizado no sólo con los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, sino también, se señala de forma recurrente, con los legisladores del Congreso del Estado, con quienes negoció para formar la “nueva mayoría” que se repartió la Gran Comisión.
A pesar de que el Gobernador Carlos Joaquín González había emitido una postura de que esta acción se trataba de una medida de presión para exigir el pago de un seguro por siniestro en el que no cumplieron con la solicitud que estipula en los requisitos del contrato de la aseguradora Agroasemex, Miguel Ramón decidió dar el brazo a torcer.
Sin embargo, transcurriría poco tiempo y el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, quien se supone debería atender estas situaciones, pero que hasta ahora no había intervenido, emitió una postura desconociendo el acuerdo de Martín Azueta.
“No se ha llegado a ningún acuerdo aún con los representantes de los ejidatarios”, afirma, señalando que la promesa de pago obtenida fue “forzada” pues se habían portado de forma agresiva y amenazaron con retener a los funcionarios estatales.
Incluso, declaró en el comunicado que el “jefe de Despacho” (en realidad jefe de la Oficina del Ejecutivo) había sido agredido y tenía golpes menores.
El presidente de la Asociación de Apicultores de Bacalar, Rogelio Baruch Lucero, afirmó que prestadores de servicios como restauranteros sufrieron pérdidas incalculables como consecuencia de esta manifestación, ya que los restaurantes se mantuvieron vacíos porque los turistas no pudieran llegar al pueblo mágico.
