Buscan legalizar predios del Ayuntamiento

Puerto Morelos

La Secretaría de Gobierno entabló pláticas ayer, con la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, para mediar ante el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) con la finalidad de que se destraben varios predios del Ayuntamiento de Puerto Morelos que no han sido legalizados como de su propiedad, lo que les permitirá bajar en el corto plazo recursos federales para obras y servicios.
El subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Jesús Pool Moo, señaló en entrevista que fue comisionado como enlace de transición con la presidenta municipal, para apoyar en este y otros temas pendientes que tiene el nuevo municipio, como son el cobro por el uso, goce y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
En este tema explicó que solamente hace falta la firma del anexo número uno, del convenio de colaboración en materia fiscal federal del Estado con el Municipio, ya que ese cobro lo tiene actualmente el municipio de Benito Juárez. “Como Puerto Morelos ya es un municipio libre y soberano, se necesita la firma de ese convenio para que pueda tener sus propios ingresos”, recalcó.
Por otro lado manifestó que al crearse el municipio le quedaron varios terrenos que le pertenecen al IPAE, y éstos tienen que pasar a manos del Ayuntamiento portomorelense, porque las dependencias federales exigen que las propiedades sean del Ayuntamiento para que les puedan otorgar recursos.
Otro punto que se habló fue el avance en las obras que puedan tener por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que está en buena disposición de apoyar a Puerto Morelos y a todos los municipios por igual, por lo cual personal de esta dependencia estaría llegando la próxima semana, para reunirse con todos los presidentes municipales, quienes podrán conocer todos los programas que tienen y cómo les pueden ayudar para que bajen recursos.
“Sólo hay que tomar en cuenta que las ventanillas se cierran a principios de octubre y no pueden ingresar proyectos, pues no les queda mucho margen de maniobra, ya que los alcaldes tomaron protesta el 30 de septiembre”, concluyó.

Por Guillermo Olán-Quequi